La denuncia que se presentó el 7 de septiembre de 2023, aseguró, es para que se lleve a cabo una investigación “en todos su términos”, se deslinden responsabilidades y se impongan las sanciones que correspondan.
En un comunicado, dijo que se convocó al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses del INPI, para que también realice una investigación.
Este Comité, agregó, es un órgano democráticamente integrado que tiene a su cargo el fomento de la ética e integridad en el servicio público y la prevención de conflicto de intereses, a fin de prevenir la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de aquellos actos que violenten derechos humanos o impliquen violencia de género.
“Para el seguimiento de las investigaciones y acciones que adopten las autoridades competentes, tanto del Instituto como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, el director general de este instituto ha instruido a todas las personas funcionarias públicas, principalmente coordinadoras generales y directoras de área, brindar todas las facilidades para el desahogo de las investigaciones a fin de que se haga justicia”.
Según el INPI, en su comunicado, no se ha encubierto ni se va a encubrir bajo ninguna circunstancia a ninguna persona que esté involucrada en los hechos denunciados.
Finalmente, ofreció su colaboración a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca para que realice todas las investigaciones y deslinde las responsabilidades, “ejerciendo las acciones penales que procedan, poniendo a su disposición toda la información de que dispone, sin reserva alguna, a fin de lograr el respeto cabal a los derechos de las mujeres y en especial de las mujeres indígenas”.
Organizaciones de la sociedad civil como Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, y la Red de Abogadas Indígenas, no sólo han condenado estos hechos, también han acusado la actuación omisa y encubridora de Adelfo Regino Montes, de quien han exigido su renuncia al cargo de director general del INPI.
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