Reconoce 4T resistencias “legítimas” al Interoceánico en Oaxaca; se ha amarrado 75% de tierras

Oaxaca de Juárez.–  La mañana del 24 de junio, unos 150 campesinos ayuujk (mixes) del poblado Mogoñé Viejo, con machetes en mano, corrieron de sus tierras a trabajadores que pretendían comenzar las obras de rehabilitación del Tren Transístmico. 

Lo hicieron, explicó Venancio Francisco Joaquín, representante de los comuneros de esa localidad del municipio de San Juan Guichicovi, porque  ingresaron a sus tierras sin pedir autorización y  porque nadie les ha informado del impacto ambiental de esos trabajos.

No era la primera vez que expulsaban a los obreros. Entre 2020 y los primeros seis meses de 2021,  campesinos  de Santa María Petapa, Matías Romero y  Guichicovi han expulsado, en al menos 34 ocasiones,  a  trabajadores de diversas compañías que ganaron las licitaciones para rehabilitar las vías de tren. Como consecuencia, en dicho tramo los avances son nulos. 

Pese a estas resistencias, Gonzalo Villalobos López, delegado federal de la Procuraduría Agraria en Oaxaca, asegura a  EL UNIVERSAL que hasta   junio y tras dos años de diálogo, se ha consensuado un poco más de 75% de las tierras necesarias para  el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec  (CIIT), uno de los proyectos insignia del gobierno federal, cuyo eje es el Tren Transístmico.  

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Dicho proceso de negociación, añade, se ha llevado a cabo  con 31 núcleos agrarios que se verán impactados por la rehabilitación de las vías, así como con aquellos  donde se tiene la expectativa de instalar un polígono industrial, que el gobierno federal denomina “Polígonos de Desarrollo para el Bienestar” y para los cuales se requieren de entre 200 y 400 hectáreas de tierras para cada uno. 

Para el delegado de esta instancia federal —encargada de conseguir las tierras para este megaproyecto, “sin afectar los intereses de sus propietarios” ejidos y comunidades— lo que ha sucedido en Guichicovi y otro lugares  donde hay oposición   es resultado del abandono del proyecto del ferrocarril y la  falta de  visión de conectividad en el Istmo, lo que ocasionó que la gente comenzara a usar el derecho de vía.   

“Hay ejidos que nacieron después de la misma vía del ferrocarril, cómo podrían argumentar un derecho de vía, hemos estado explicando cómo funciona, qué es. Hay  un proceso de conciliación e información con todos los núcleos agrarios. En Guichicovi habrá la necesidad de encontrar un punto de equilibrio”, señala. 

Reclamos legítimos 

No han sido las únicas manifestaciones de descontento contra el Corredor Interoceánico. Ejidatarios del anexo Rincón Vaquero, perteneciente al Ejido de Almoloya, en el municipio del Barrio de La Soledad han solicitado a las autoridades agrarias sancionar a funcionaros, a quienes acusan de presionarlos para vendan sus tierras al gobierno federal. 

Al respecto, Villalobos López asegura que aunque  existen organizaciones sociales tras las inconformidades en contra del Interoceánico y la rehabilitación del tren, en lo que denomina como “industria del chantaje”, y  que al no encontrar eco en el gobierno optan por oponerse, reconoce que también hay  resistencias y luchas  legítimas de  parte de las  comunidades. 

“Hay gente que está dando una lucha justa, legítima, histórica, pero hay unos vivales que se aprovechan”, advierte.

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Entre las principales resistencias que reconoce como “legítimas” destaca la de la falta de eficiencia de la electricidad, y sobre todo, el problema del agua, pues con la llegada de más gente,  la demanda se incrementará. 

Por ello,  y ante la denuncia contra funcionarios de presiones para ceder la tierras,  asegura que la obtención  debe realizarse con   información, sensibilización y siempre cuidando  jurídicamente que el territorio de los pueblos no sea afectado. Y asegura que se investigará y sancionará a quien haya actuado de forma diferente al objetivo, que es una gestión del territorio sostenible, en favor de ejidos y comunidades.

“No se trata de un proceso en donde se excluya a los pueblos del desarrollo, sino de cómo los incluimos y respetamos los derechos agrarios y sobre la tierra de cada uno de ellos”.

Pese a ello, señala que la decisión  que tomó el CIIT de no asociarse con los campesinos dueños de las tierras donde se instalarán los parques industriales, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, se debe a que las asambleas de las comunidades son “volubles”, lo que impide que haya condiciones para una sociedad de participación. 

Ante esta situación, asegura que la Procuraduría Agraria  ha insistido que las poblaciones deben ser beneficiadas por los servicios que las empresas van a requerir  a su llegada:

“Al vender la tierra al gobierno, pues  sí deja de ser  de propiedad social, pero es una gran oportunidad del desarrollo (...) Imaginemos el tamaño de la inversión como para que un día amanece de mal estado de ánimo la asamblea y lo echa a perder, es la parte que se quiere cuidar”.

No obstante, reconoce que para ello el Corredor Interoceánico debe cumplir con un proceso integrador y un modelo de crecimiento sostenible, donde se alcance la calidad de vida en el bienestar de la población, pero preservando su territorio. 

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“Si el CIIT se hace  empático con las necesidades reales y no son sólo son los fierros, el ferrocarril y los dos puertos, sino que de verdad esté creando las condiciones para un desarrollo integral, donde estemos aspirando a mejorar la calidad de vida, si lo vemos así sus demandas son legitimas”. 

Al respecto, señala que estas resistencias legítimas son algo positivo, porque “se están sacudiendo las estructuras más profundas de un olvido que había en el Istmo” y con ello se puede dar un enfoque diferente a tierras de ejidos y comunidades, utilizándolas para que haya desarrollo. 

Hasta finales de junio, finaliza, de los cinco parques industriales que se proyectan en Oaxaca, en dos ya se han conseguido la aprobación de las comunidades, los planeados en Ciudad Ixtepec y San Blas Atempa; en Mixtequilla sigue el proceso de diálogo; mientras que en Asunción Ixtaltepec hay disposición, pero no se contaba con autoridad agraria.

 Por último, en Barrio de La Soledad, en donde ejidatarios acusaron la presión de funcionarios de la Procuraduría Agraria para la venta de la tierras, el delegado reconoce que se cayeron las negociaciones, así que habrá que reiniciar con el camino y proceso de diálogo.