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Tras darse a conocer el monto de estas observaciones y que la contratación se realizó mientras Juan Carlos Márquez Heine, actual secretario de Salud de Oaxaca, era el titular del REPSS, los diputados locales de Morena exigieron su renuncia y pidieron al gobernador Alejandro Murat que lo separe del cargo, para que pueda explicar el destino de dichos recursos.
Al respecto, el gobierno estatal informó que desde enero del 2020, se inició el procedimiento de rescisión de contrato celebrado con la empresa MOVIMEDICAL S. A. DE C.V., así como una solicitud ante la Secretaría de Finanzas para hacer efectivas las garantías en contra de la compañía AFIANZADORA SOFIMEX. S.A., "con cargo a las pólizas expedidas para avalar la amortización y devolución de la parte del anticipo no devengado y el cumplimiento de las obligaciones a su cargo derivado del contrato”.
Además, aseguró que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG) de Oaxaca confirmó que, en efecto, la ASF determinó observaciones por 16 millones de pesos a partir de su última auditoria de cumplimiento 2019-2020; no obstante, señaló que todavía no se puede hablar de daño al erario.
“Actualmente están corriendo los plazos que la Ley enmarca para el proceso de recuperación de la cantidad de 12 millones 22 mil 664 pesos, que se otorgó a la empresa como anticipo y fianzas, por lo que no se puede hablar de un desfalco a la hacienda pública”, afirmó.
De acuerdo con el gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas, a través de su Dirección de lo Contencioso, es la instancia facultada para hacer efectivas dichas fianzas, pues fueron expedidas a su nombre y a su favor; por lo tanto, “se procedió en febrero del 2020, a exigir el pago ante la empresa afianzadora citada, debido al incumplimiento evidente de las obligaciones contraídas por la empresa MOVIMEDICAL S.A. DE C.V.”.
Tras dichas solicitud, la afianzadora, en apego a las garantías que le da la ley, presentó recursos en contra por lo que según el gobierno de Oaxaca actualmente hay en proceso un juicio legal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
“El trámite actualmente está en curso, y está abierto el proceso de investigación. Asimismo, una vez que culminen los plazos y procesos que marca la Ley, se emitirá una resolución definitiva”, finalizó.
