Reforma Constitucional sobre pueblos indígenas: Garantizar derechos sin frenar inversiones, reto de la 4T

Juchitán de Zaragoza.– Mientras el gobierno federal enfrenta resistencia de integrantes de los pueblos originarios en sus principales megaproyectos, quienes incluso han comenzado luchas  legales en contra del Tren Maya o el Corredor Interoceánico,  al mismo tiempo impulsa la reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.

Estos cambios a la Carta Magna, afirma el gobierno, buscan reconocer como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas, lo que implica ejercer su libre determinación, autonomía, y acceder a recursos públicos a través de sus autoridades comunitarias”. 

Sin embargo, la reforma, cuya discusión comenzó en  junio de 2019, también está pensada para ser “una palanca que facilite el desarrollo de las comunidades originarias del país y nunca un instrumento que inhiba las inversiones que sin lugar a dudas generarán empleos”. 

Esa es la tesis que plantea el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), el oaxaqueño Adelfo Regino Montes, quien junto con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, impulsan los foros entre las 68 comunidades originarias y afro. Y son también  los que resienten los cuestionamientos de quienes ven una incongruencia entre dicha reforma y los megaproyectos, que aseguran perpetúan  políticas de despojo en la 4T.

“Las modificaciones a la Constitución que se promueve desde los primeros 52 foros que se realizaron en 2019, buscan dotar a los pueblos indígenas de las herramientas para que ellos decidan su futuro a partir de que con la reforma definan el uso de sus tierras y territorios”, dice en entrevista el director del INPI.

Según la Etapa de Seguimiento de Acuerdos del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano —que comenzó el 19 de junio de 2021  y concluirá el próximo domingo 25 de julio— hasta inicios de este mes   se habían realizado 40 asambleas y faltaban  21 más en todas las regiones étnicas del país.

Sin embargo, diversas organizaciones indígenas del país  se abstuvieron de participar en esos foros. Ejemplo de ello fue la  Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), que se ha convertido en una de las principales voces  críticas al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). 

“No participamos para no avalar un proceso de simulación de la 4T, donde el diseño de las asambleas, foros y propuestas viene de arriba”, dice Carlos Beas Torres, asesor de Ucizoni.

Pese a estos cuestionamientos,  una vez que concluyan las sesiones de seguimiento, incluyendo la última que se realizará en Los Ángeles, California, con la participación de indígenas residentes y migrantes en Estados Unidos, el proyecto final de la reforma, enriquecido con la participación de los foros, será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, adelanta Adelfo Regino Montes.

Es posible, dice el director del INPI, que sea el 28 de agosto, cuando el Presidente  visite a la etnia Yaqui para pedir perdón a todos los indígenas a nombre del Estado Mexicano, por los agravios sufridos; que anuncie el envío de las iniciativas de la reforma constitucional sobre los derechos indígenas a los integrantes de la nueva Cámara de Diputados federal. 

Pérdida de confianza

Para el asesor de Ucizoni, Carlos Beas Torres, el gobierno de la 4T tiene una ruta trazada para facilitar el despojo de tierras. Afirma que mientras desde el INPI se simulan asambleas libres, el gobierno federal  avanza con “sus megaproyectos de destrucción” como el Tren Maya, el Programa Integral Morelos y el Corredor Interoceánico.

Según  las propuestas de la reforma constitucional que socializan  en las asambleas de seguimiento, se contemplan modificar 15 artículos de la Carta Magna para incorporar derechos indígenas sobre 16 temas relacionados con la salud, educación, participación política, tierra y territorio, entre otros.

Con dichos cambios, el gobierno federal asegura que  en la nueva legislación, que se espera sea aprobada   este mismo año, las naciones originarias tendrán control sobre el uso de sus tierras y territorios, cuando se trate de proyectos de desarrollo que pudieran afectar sus recursos.

Pero las autoridades también tienen como prioridad que esta ley no se convierta en una  herramienta que frene o ahuyente las inversiones. “Por el contrario, será una palanca para que las comunidades  salgan de la pobreza, del olvido y se sacudan de la desigualdad”, asegura Regino Montes.