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Sin embargo, la reforma, cuya discusión comenzó en junio de 2019, también está pensada para ser “una palanca que facilite el desarrollo de las comunidades originarias del país y nunca un instrumento que inhiba las inversiones que sin lugar a dudas generarán empleos”.
“Las modificaciones a la Constitución que se promueve desde los primeros 52 foros que se realizaron en 2019, buscan dotar a los pueblos indígenas de las herramientas para que ellos decidan su futuro a partir de que con la reforma definan el uso de sus tierras y territorios”, dice en entrevista el director del INPI.
Según la Etapa de Seguimiento de Acuerdos del Proceso de Consulta Libre, Previa e Informada para la Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano —que comenzó el 19 de junio de 2021 y concluirá el próximo domingo 25 de julio— hasta inicios de este mes se habían realizado 40 asambleas y faltaban 21 más en todas las regiones étnicas del país.
“No participamos para no avalar un proceso de simulación de la 4T, donde el diseño de las asambleas, foros y propuestas viene de arriba”, dice Carlos Beas Torres, asesor de Ucizoni.
Pese a estos cuestionamientos, una vez que concluyan las sesiones de seguimiento, incluyendo la última que se realizará en Los Ángeles, California, con la participación de indígenas residentes y migrantes en Estados Unidos, el proyecto final de la reforma, enriquecido con la participación de los foros, será entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador, adelanta Adelfo Regino Montes.
Es posible, dice el director del INPI, que sea el 28 de agosto, cuando el Presidente visite a la etnia Yaqui para pedir perdón a todos los indígenas a nombre del Estado Mexicano, por los agravios sufridos; que anuncie el envío de las iniciativas de la reforma constitucional sobre los derechos indígenas a los integrantes de la nueva Cámara de Diputados federal.
Según las propuestas de la reforma constitucional que socializan en las asambleas de seguimiento, se contemplan modificar 15 artículos de la Carta Magna para incorporar derechos indígenas sobre 16 temas relacionados con la salud, educación, participación política, tierra y territorio, entre otros.
Con dichos cambios, el gobierno federal asegura que en la nueva legislación, que se espera sea aprobada este mismo año, las naciones originarias tendrán control sobre el uso de sus tierras y territorios, cuando se trate de proyectos de desarrollo que pudieran afectar sus recursos.
Pero las autoridades también tienen como prioridad que esta ley no se convierta en una herramienta que frene o ahuyente las inversiones. “Por el contrario, será una palanca para que las comunidades salgan de la pobreza, del olvido y se sacudan de la desigualdad”, asegura Regino Montes.
