El Poder Judicial de Oaxaca entregó una propuesta al Senado de la República en la que recomienda establecer un régimen transitorio con metas para la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF), cuya implementación fue postergada por cinco años.
En el documento, elaborado por el presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF del Poder Judicial de Oaxaca, se propone establecer obligaciones, plazos intermedios y seguimiento institucional a los poderes judiciales locales rumbo al 2031.
También, sugiere que haya una certificación operativa en la que se faculte a la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar en México (Cocifam) y a la Secretaría de Gobernación (Segob), para evaluar y certificar la preparación de cada tribunal (infraestructura, personal, tecnología y accesibilidad.
Así como asignar recursos según criterios geográficos, culturales y de infraestructura, atendiendo a la realidad de cada entidad federativa; y que la entrega de recursos económicos federales y estatales estén directamente ligados con la entrega de resultados en esos procesos de certificación.
La propuesta fue entregada por la presidenta del Poder Judicial en Oaxaca, Erika Rodríguez Rodríguez, y el magistrado presidente de la Comisión para la Implementación del CNPCyF, Juan Carlos Díaz Carranza, al senador de la República, Javier Corral Jurado.
El 20 de octubre de 2026, la Cámara de Diputados aprobó prorrogar la fecha límite para implementar el CNPCyF de abril de 2027 al 1 de julio de 2031. El dictamen, además, modifica el artículo sexto transitorio para prohibir que se afecten recursos de programas sociales federales; pero omite crear un esquema de financiamiento propio para los tribunales locales.
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Díaz Carranza explicó que los asuntos civiles y familiares concentran cerca del 76 por ciento de la carga de trabajo de los tribunales locales; y postergar el código perpetúa juicios lentos y formalistas.
Y advirtió que la demora afecta a grupos vulnerables porque perjudica el interés superior de niñas, niños y adolescentes en litigios familiares y limita la capacidad jurídica de personas con discapacidad.
Además, apuntó que exigir una transformación hacia la oralidad y la justicia digital sin recursos etiquetados profundiza la desigualdad entre estados.
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Oaxaca, por ejemplo, es un estado que enfrenta una situación crítica para la implementación del Código Civil y Familiar por su dispersión geográfica, alta diversidad lingüística e indígena, brecha digital, disparidad en infraestructura y déficit de jueces y personal especializado.
El magistrado explicó que recientemente llegó al Senado de la República el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados Federal donde se postergó hasta el año 2031 la implementación del CNPCyF; y la intención con esta propuesta del Poder Judicial de Oaxaca es que tomen en cuenta algunas cuestiones fundamentales y que surgieron de los foros realizados en el estado.
“En los foros surgieron conclusiones muy concretas para Oaxaca, como la dispersión geográfica, la fragmentación municipal que tiene el estado, la complejidad pluricultural y lingüística, la brecha digital porque tiene limitaciones de conectividad y acceso a las tecnologías de información. A lo que se suman las asimetrías de la infraestructura judicial y del déficit de capital humano, porque no tenemos los suficientes juzgados en Oaxaca", señaló.
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“Concluimos que se debería de reconsiderar la infraestructura judicial para contar con la disponibilidad y condiciones en los inmuebles, salas de audiencia, equipamiento y espacios necesarios para la operación de este nuevo modelo procesal”.
En el estado, agregó, se tienen serios problemas en cuanto a no contar con los espacios suficientes ni plazas de operadores judiciales con el objetivo de desahogar el sistema tradicional e implementar la oralidad.
“Estamos planteando en este escrito que la Cocifam, es responsable de dar seguimiento y evaluación a los avances de la implementación, asuma un rol más activo, de mayor cercanía de evaluación con entidades como Oaxaca, que carecemos de lo elemental”.
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Lo anterior, recalcó, porque si no se cuentan con mecanismos de certificación permanentes es difícil que Oaxaca entre con éxito en la implementación del nuevo código en el año 2031.
También se propuso una modificación a los modelos de gestión que ha diseñado Cocifam porque son muy genéricos y la realidad del estado de Oaxaca en nada se parece a la de la Ciudad de México o entidades del centro o norte del país.
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“De momento, se mantiene firme el año 2031 como plazo para su implementación. Sin embargo, sabemos que hay opiniones en el Senado que piensan que pudiera analizarse ese plazo, porque está generando una falsa confianza de pensar que está muy lejos y de que no le tocará digamos a quienes hoy tienen la responsabilidad de administrar la justicia o tareas de gobierno”.
Además, dijo que en los foros que abrió el Senado se escuchó a grupos , donde genera un impacto particular, como las personas con discapacidad. Ahí se está haciendo un planteamiento a efecto de que ellos a través de los mecanismos de apoyos puedan ser atendidos a la brevedad y no tengan que esperar hasta el 2031.
“O bien, los notarios públicos. En este sector de los profesionistas tienen un acento importante de intervención en el Código Nacional y que nosotros hemos venido planteando la necesidad de buscar agentes que despresurice, que descarguen la carga laboral en juzgados y los notarios pueden ser unos aliados en esta tarea y no tendrían por qué esperarse hasta el 2031”, añadió.
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Díaz Carranza aseguró que estos temas están en la mesa del posible dictamen que en breve tendrá el Senado para su votación.
“Me parece que ese dictamen pudiera tener algunas diferencias con lo que votó la Cámara de Diputados, lo cual en el proceso legislativo tendría que regresar a Cámara de Diputados para su revisión, discusión y eventual votación también”, afirmó.
Finalmente, reconoció la apertura del Senado respecto a las mociones de los Notarios Ricardo Vargas y Ricardo Gutiérrez Pérez, respecto de la necesidad de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad que con el aplazamiento se ven afectadas en el ejercicio de sus derechos.
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