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A pesar de que miles de oaxaqueñas y sus hijas e hijos viven violencia familiar, económica y de diversos tipos de parte de su pareja, más de 42.5% de las mayores de 15 años, según los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Inegi, las iniciativas que han llegado al pleno no se han aprobado.
Las activistas y legisladoras que abanderan las modificaciones a la ley reiteran que desde el Congreso, incluso las mujeres han protegido a agresores. Además, lamentan que sea tan difícil conocer la cifra exacta de las mujeres afectadas, pues muchas no tienen la posibilidad de denunciar la violencia, la información necesaria o los recursos para hacerlo.
Desde julio de 2021, cuando se hizo el primer tendedero de deudores, Diana Luz Vázquez Ruiz promueve la Ley Sabina. Con ella, explica, se busca reformar la ley en más de 40 puntos, a fin de crear un registro de deudores alimentarios.
También incluye suspenderles tarjetas y otros productos crediticios, así como trámites de pasaporte. Que se destinen presupuestos para laboratorios de ADN establecidos por el Poder Judicial, partir de salarios base y descontar el mínimo de 30% a deudores. Las propuestas se empujan a nivel nacional.
“Todas y todos conocemos a una mujer, ya sea familiar, amiga o conocida, que tiene un vínculo con un deudor alimentario. Desafortunadamente, es una realidad que nos toca a miles de mujeres. Yo estoy aquí por mi propia historia”, dice.
A ella se suma Martha Ileana Acevedo Brena, quien encabeza a un grupo de madres que busca que en Oaxaca se reconozca la violencia vicaria, término que surgió en España hace siete años y, según organizaciones de protección a los derechos de las infancias y las mujeres, es una violencia perpetrada generalmente por las parejas o exparejas, para causar dolor a las madres, dañando principalmente a sus hijas e hijos.
En México, sólo tres estados han reconocido esta violencia y la han tipificado como delito: Puebla, Hidalgo y Yucatán,
Martha Ileana explica que la iniciativa que busca que en Oaxaca se reconozca a la violencia vicaria en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género permanece “congelada”, a pesar de haberse presentado el 22 de agosto pasado.
Lo anterior, porque legisladores de Morena como Nancy Benítez, Rosalinda López y Luis Alberto Sosa no han firmado el dictamen, pretextando que está bajo análisis, lo que impide que llegue ante el pleno.
La activista precisa que es urgente que se establezca el precedente para que quienes ejerzan este tipo de violencia sean sancionados. También, reitera que se trata de una iniciativa ciudadana que responde a las necesidades de las madres que, muchas veces, se han quedado sin saber de sus hijas e hijos.
El 17 de agosto, la diputada local Concepción Rueda presentó una propuesta para que ningún deudor alimentario o agresor pueda ostentar un cargo. “Buscamos que ningún violentador de mujeres ni de infancias pueda ser servidor público en los poderes del estado, órganos autónomos y en los 570 municipios”, reitera.
La diputada mencionó que en 2020 aspirantes a cargos políticos firmaron un formato a protesta de decir verdad, donde aseguraron que no enfrentaban procesos por violencia familiar o doméstica, delitos en contra de la libertad sexual y no estar registrados como deudores.
Dicha reforma se promueve a nivel constitucional y, con ello, Oaxaca se convertiría en el primer estado en el país en contemplar una ley de este tipo.
