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Las organizaciones de la sociedad civil calificaron como "sospechosa" la autorización de cambios de uso de suelo aprobada por el Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca para permitir la construcción de viviendas y desarrollos inmobiliarios en la Cordillera de los Valles Centrales, un Área Natural Protegida desde el año 1991.
El pasado 29 de julio el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez acordó derogar el acuerdo de noviembre de 2021, que mantenía suspendidos los trámites y autorizaciones de cambio de uso de suelo en zonas de reserva del municipio.
De acuerdo con las organizaciones que conforman el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA), ya se había intentado tal revocación varias veces, la última en 2023, provocando polémicas y enfrentamientos entre ambientalistas y presuntos propietarios del ejido Guadalupe Victoria y zonas aledañas.
Por ello, la medida quedó en suspenso hasta que el Gobierno del estado concluyera la revisión limítrofe del decreto de Área Natural Protegida, emitido en 1991 por el entonces gobernador Heladio Ramírez.
“La suspensión de trámites era una medida provisional, afectaba a poseedores y propietarios y no podía mantenerse indefinidamente. Pero también enfatizamos, en el pronunciamiento de la jornada: poderosos intereses que pugnan, como lo han hecho desde hace años, por eliminar restricciones ambientales a sus beneficios inmobiliarios”.
Las asociaciones del OCCAMA preguntaron si en verdad derogar el acuerdo para permitir el cambio de uso de suelo en esta zona protegida está lo suficiente discutido como argumentó el presidente municipal Raymundo Chagoya, y cuál es la opinión del Consejo Técnico Asesor de la Zona de la Reserva Ecológica y Área Natural Protegida Cerro del Crestón, Cruz Blanca y Cerro del Fortín, órgano creado por el gobierno del estado en octubre de 2024 justamente para apoyar la elaboración del programa de manejo.
“¿Dónde y cuándo se publicó tal programa, que en la mentada sesión de Cabildo se aseguró que sustentaba el levantamiento del veto? ¿Por qué no se ha realizado, como muchas organizaciones hemos solicitado en múltiples ocasiones, un estudio serio e imparcial de las condiciones de tenencia de la tierra, traslados de dominio y planeación urbana, no sólo de la reserva, sino de toda la Cordillera Norte? ¿Cuál es la posición de las dependencias federales -CNA, Profepa, Semarnat, Conafor, CONANP, Sedatu, sobre un área fundamental para el abasto de agua y regulación climática, que está dentro de una zona protectora forestal vigente, la cual involucra al área de influencia del parque nacional Benito Juárez y afecta a la mayor conurbación de la entidad?”, cuestionaron.
Y consideraron que el acuerdo del Cabildo municipal, "realizado a la sombra de las fiestas de la Guelaguetza", en poco contribuye a dar certeza jurídica a poseedores y habitantes de la zona, como se esgrimió para justificar la medida.
También puntualizaron que si bien los conflictos se centran en alrededor de mil 200 hectáreas que comprenden el decreto, se debe mantener la visión integral de conservación de toda la Cordillera.
“Conservarla es tarea urgente y prioritaria de sociedad y Gobierno. Por razones biofísicas, sociales y financieras, es completamente inviable el desarrollo urbano en la Cordillera, la cual se extiende a 60 mil hectáreas”, destacó.
