Tras liberación de mujeres mixes, comunidad acusa a organismos de violentar sus usos y costumbres

Autoridades municipales de Santa María Alotepec, una comunidad mixe de la Sierra Norte de Oaxaca, lamentaron los señalamientos de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO) y de organismos defensores de derechos humanos que se pronunciaron contra el encarcelamiento de de siete mujeres por negarse a entregar los trastes de una cocina comunitaria. 

Por estos hechos la defensoría emitió medidas cautelares para que se garantizara la integridad física y psicológica de las detenidas, mientras que la SMO le recordó al edil que el municipio de cumplir con el artículo 11 de la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las mujeres detenidas en la cárcel municipal fueron liberadas, tras unas 12 horas de arresto, desde ayer por la noche, pero la autoridad municipal asegura que su liberación fue una decisión de la comunidad  y el cabildo y no producto de presiones gubernamentales. 

En un un comunicado de prensa, la autoridad municipal señaló que estos pronunciamientos de autoridades y organismos  "desacreditan" sus funciones y atribuciones como autoridades indígenas "en el marco de nuestra libre determinación y autonomía sustentadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas". 

Aseguraron que esas mismas organizaciones en ocasiones anteriores se han pronunciado a favor de la gobernanza comunitaria y que carecen de argumentos sobre los Sistema Normativos Indígenas para señalar violencia de género en el caso de las siete mujeres detenidas.   

Según la autoridad municipal, están abiertos a que las dependencias y organizaciones se informen antes de intervenir en casos de impartición de justicia, pero condenaron que se les "criminalice".

"Estos comunicados, llamadas telefónicas, medidas cautelares y amenazas de iniciar carpetas de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado se han vuelto costumbre, en la intimidan a nuestras autoridades comunitarias indígenas mixes".

Por esta razón, argumentaron, ya no están dispuestos a tomarlas en consideración pues "violentan nuestros Sistemas Normativos Indígenas". 

Advirtieron que seguirán, dentro del marco constitucional, ejerciendo su función puesto que los pueblos indígenas tienen derecho a mantener sus estructuras institucionales  y costumbres o sistema jurídicos, "de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos".