Tribunal federal confirma violencia política de edil de Santa Lucía del Camino, contra regidora

Este martes, la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró la existencia de violencia política en razón de género contra Nallely Ortiz Jiménez, regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables en Santa Lucía del Camino.

A partir de esta decisión, el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación en materia electoral revirtió la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), por no considerar las pruebas presentadas por la funcionaria como muestra fehaciente de la denuncia por misoginia y violencia política en razón de género, por parte del presidente municipal de ese municipio, Dante Montaño Montero, así como de integrantes del Ayuntamiento.

En diciembre del año pasado, Nallely Ortiz Jiménez interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) por discriminación, malos tratos incluso amenazas por parte del edil que milita en las filas del partido Morena.

La funcionaria municipal declaró que la violencia política en su contra se originó por exigirle al munícipe cumplir en tiempo y forma con la realización de las sesiones de Cabildo —como lo marca la Ley Orgánica Municipal—; así también por mostrar su inconformidad cuando le impidieron la revisión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020.

“Iniciaron una serie de actos que buscaban impedir el desempeño de mi cargo. Desde el despido de personal adscrito a mi área, negación de mobiliario y material de oficina, cancelación de mi pago, hasta la humillación y discriminación tanto en público como en redes sociales y medios de comunicación”, detalló.

Por ello, “debido a las acciones de invisibilización y obstrucción del cargo originadas por el edil” hacia ella, la Sala Xalapa informó que decidió resolver este asunto en sesión no presencial por videoconferencia.

Además, la instancia federal consideró el caso “asunto urgente de resolver”, pues explica que demorar su resolución podría ocasionar algún daño irreparable en contra de los derechos políticos-electorales de su promovente.

Ella recordó que aunque los integrantes del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, por ordenamiento del Tribunal Estatal, debían abstenerse de realizar conductas lesivas en su contra, éstas continuaron amedrentándola de diversas formas. Y pese a las pruebas presentadas, el TEEO había determinado no acreditar violencia política, dejando además sin efecto las medidas de protección.

“Quiero señalar que nunca cesaron las acciones en mi contra, por lo que tuve que cambiar mi domicilio en diversas ocasiones, no obstante el edil Montaño Montero enviaba a sus emisarios a intimidarme. 

Lamentablemente no hay en la entidad instituciones lo suficientemente sólidas y comprometidas que atiendan con seriedad este tipo de delitos, consignados en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, consignó Nallely Ortiz.

Nallely Ortiz pidió a las organizaciones de la sociedad civil acompañamiento sobre su caso. Y subrayó que tras la resolución del Tribunal federal espera que las instituciones en Oaxaca estén a la altura para hacer cumplir y vigilar el cumplimiento de ésta.

Según datos de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, de enero a septiembre de 2019 sumaron 40 los casos documentados de violencia política de género, y en 28 se iniciaron juicios políticos ante el Tribunal Estatal Electoral.