“Intimidación y violencia a pueblos, sello de la Segego”
Representantes de comunidades indígenas de Ayutla acusan que la institución no garantiza solución de conflictos entre ellos
La conflictividad social en las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca está lejos de encontrar una solución en la Secretaría General de Gobierno (Segego) o en su titular, Héctor Anuar Mafud Mafud, asegura Joaquín Galván, uno de los representantes sociales de San Pedro y San Pablo Ayutla, población ayuujk que lleva más de dos años sin agua potable, resultado de la invasión y despojos de sus tierras por una comunidad vecina.
Asegura que la Segego recurre a mecanismos ineficientes para la atención de los conflictos: el acuerdo voluntario entre las partes, lo que deja sin solución el problema de fondo; nunca establece alguna garantía de cumplimiento y no tiene ningún valor jurídico.
“El primer mecanismo es la simulación. Llama a los representantes de las comunidades en disputa, los sienta, los hace firmar y luego posar para una foto. Es una atención superficial que no soluciona la problemática de fondo”.
Con ello, afirma, la dependencia encargada de la política interior logra desviar de la atención mediática, deja de recibir presión social y cuando el conflicto estalla nuevamente de manera violenta porque nunca se resolvió, usa ese acuerdo para deslindarse y culpar exclusivamente a las partes que “rompieron el acuerdo voluntario”.
El activista señala que la dependencia se basa en simulación de acuerdos
El representante ayuujk asegura además que un gran número de los conflictos agrarios actuales, que la Segego contabiliaza hasta en 400, no necesariamente son problemas entre comunidades, sino que responden a agentes externos, “como narcotráfico, partidos políticos o empresas, que influyen en que escale la violencia en las regiones”.
Por esta razón, afirma, la dependencia deja de ser un mediador para convertirse en un aparato represor de las comunidades que le incomodan porque denuncian, ya sea través del “hostigamiento político”, e incluso con amenazas veladas o manifiestas.
“En el caso de Ayutla, la Segego negó la acreditación de autoridades, pese a que no había ningún sustento para ello. Fue una persecución política a la comunidad que ha hecho denuncia social”, dice.
Afirma que la emergencia de los conflictos agrarios es causada por una Segego “inoperante y terrible que ejerce violencia política, intimida y amenaza”.
