En plena pandemia, Ayutla Mixe cumple 3 años sin agua y sin justicia

En plena etapa de máximo riesgo de contagio de la pandemia de Covid-19 en Oaxaca, la comunidad ayuujk (mixe) de San Pedro y San Pablo Ayutla, en la región de la Sierra Norte, cumple tres años desde que fue despojada del manantial que la abastecía de agua potable, así como de 25 predios que la rodean, luego de un ataque armado de parte de habitantes de su comunidad vecina: Tamazulápam del Espíritu Santo. 

Desde entonces, los casi 3 mil habitantes de la cabecera municipal no tienen acceso al agua potable, lo que este año ha complicado las medidas de higiene y prevención contra el coronavirus y que ha llevado a la comunidad a recorrer un largo camino institucional en el que han tocado puerta tras puerta para obtener justicia. 

Tras años ante instancias estatales, el caso ha sido llevado incluso ante la Secretaría de Gobernación (Segob), mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para la comunidad ante la incapacidad de realizar medidas preventivas contra la pandemia sin contar con agua potable; sin embargo, hasta el momento no hay respuesta para la principal demanda de Ayutla: la reconexión a su manantial.

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De acuerdo con la autoridad municipal de Ayutla, aquel 5 de junio de 2017, durante el ataque armado, se configuraron delitos como el asesinato de uno de los comuneros desarmados, Luis Juan Guadalupe y el secuestro de seis mujeres de la comunidad, quienes fueron retenidas por la fuerza por habitantes de Tamazulápam. A tres años de distancia, no ha llegado la justicia por estos delitos ni por el despojo de las tierras y el manantial.

A través de un comunicado, la autoridad municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla recordó que en esta fecha la comunidad sufrió una agresión que permanece en su memoria pues desde entonces “inició el recorrido de un camino con la esperanza de encontrar agua y justicia”, ninguna de las cuales han obtenido hasta el momento. 

“Esto no significa que como comunidad estemos resignados a olvidar o a detener nuestro andar, al contrario, nos alienta a levantar la voz para exigir que nuestros derechos sean garantizados”, señala el documento firmado por todo el Cabildo municipal y la autoridad de Bienes Comunales. 

La autoridad asegura que en estos años la comunidad ha recorrido las vías institucionales, tanto estatales como federales, desde el gobierno del estado, a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Comisión Estatal del Agua y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO); hasta llegar a las instancias federales, particularmente a la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, y al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI). 

Señalan también que su caso ha llegado a órganos autónomos como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) y la CNDH, pero indica que “a la fecha no hemos obtenido una respuesta efectiva para el ejercicio de nuestros derechos humanos, tan es así que seguimos sin agua y sin justicia”. 

La autoridad municipal de Ayutla además informa que desde los hechos violentos del 5 de junio de 2017, han pasado mil 95 días en los que los habitantes han tenido que sobrevivir sin el agua de su manantial. Y asegura que el amparo que las instancias estatales señalaban como impedimento legal para la reconexión a su manantial quedó sin efecto desde el 12 de mayo pasado, pero hasta el momento nadie a acudido a la comunidad para restablecer su sistema de agua potable, cuya infraestructura hidráulica fue destruida poco después del ataque armado de 2017.

“Hoy más que nunca, como una comunidad fuerte y unida ante la crisis sanitaria que actualmente padecemos, nuestra esperanza de justicia se fortalece y exigimos a las autoridades estatales y federales, así como a los organismos de Derechos Humanos estatal y federal, la reconexión inmediata a nuestro manantial y la investigación exhaustiva en el caso de las agresiones de que hemos sido objeto”, señala el documento.

De acuerdo con Clemente Antonino Martínez, presidente municipal de Ayutla, hasta el momento no han tenido respuesta sobre los delitos cometidos aquel 5 de junio, ni sobre los responsables del asesinato del comunero, ni sobre el secuestro de las mujeres, ni sobre el despojo de tierras. 

“No ha habido investigación, no hay justicia, no hay culpables. Hasta el momento no hay respuesta. El gobierno estatal ha apoyado dando una pipa, pero respecto a la reconexión del agua no ha habido respuesta”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL. 

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El edil lamenta que pese a que en 2019 hubo varias mesas en las que se reunieron con personal de la Segob, no se llegó a una resolución favorable. 

“La demanda es la reconexión de nuestro manantial porque ya llevamos más de mil 95 días sin agua potable porque desde hace muchos años nos hemos abastecido de agua de ahí”, indica el presidente municipal, quien explica que con un vehículo el ayuntamiento trata de repartir agua a los pobladores, pero que les resulta imposible abarcar todo el territorio.

“Con el coronavirus, se ha difundido que se tenga gel, que se use cubrebocas, pero el lavado de manos, eso precisa. El agua hay en una parte y en otra no hay, El Comité del Agua Potable se las ve muy difícil para surtir. Por más que uno diga, lávense las manos, no hay agua. ¿Cómo se va a prevenir la enfermedad esa del Covid-19”, cuestiona.

El edil explica que desde hace 15 días una persona cercana al gobierno estatal ha estado dando seguimiento al caso, pero la postura siempre es la de que ambas comunidades deben de conciliar. “La postura es concilien ustedes, claro, está de por medio, pero necesitamos la intervención del gobierno”, indica y agrega que infieren que existe favoritismo para la otra comunidad, cuando tendría que tratarse de forma pareja a los 570 municipios del estado.

“Hay antecedentes. No puede quedar impune un homicidio y un secuestro. Que siga la investigación, que haya justicia. No sabemos en qué están las carpetas. No sabemos si sólo esperan para decir que este delito no procede porque ya pasó el tiempo. Eso es lo que no queremos como autoridad municipal y comunal. Que haya castigo, así lo precisa la ley”, finaliza.