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En el documento, dirigido al gobernador Alejandro Murat, a Blanca Cisneros, directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Segob, se explica que derivado de la declaración de Emergencia Sanitaria por la pandemia de Covid-19, el gobierno federal ha establecido medidas básicas de higiene como una manera de prevención, mismas que los habitantes de esta comunidad indígena no pueden seguir dado que no cuentan con acceso al agua potable en la cabecera municipal.
Según la CNDH, estas medidas cautelares buscan evitar un daño irreparable y preservar el ejercicio de los derechos humanos.
“Se considera que en el presente caso se actualizan los elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable, por lo que se deberá salvaguardar la protección de los derechos a la vida, a la salud y al vital líquido, así como a la integridad personal y seguridad mediante la implementación de medidas cautelares en favor de los habitantes del municipio indígena de San Pedro y San Pablo Ayutla, Mixe, Oaxaca”, indica el texto.
Pide también que ambos niveles de gobierno instauren mesas de diálogo para atender la problemática expuesta y para implantar las medidas cautelares emitidas.
Por último, la CNDH pide que se le informe de las medidas cautelares adoptadas y su respectivo seguimiento. Dichas medidas, explica, “deberán implementarse durante el tiempo que sea necesario evitando así la consumación irreparable de hechos violatorios de los derechos humanos, que causen daños de difícil o imposible reparación”.
Ayutla Mixe lleva mil 37 días sin acceso al agua potable derivado de un conflicto limítrofe con Tamazulápam de Espíritu Santa, pueblo vecino al que señalan por el despojo de las tierras donde se asienta su manantial. El 5 de junio de 2017, se registró un ataque armado de un grupo de esta comunidad contra comuneros sin armas de Ayutla, en la agresión fue asesinado un poblador de esta última comunidad.
De acuerdo con el gobierno de Oaxaca, la existencia de amparos interpuestos por ambas comunidades, le impide intervenir para iniciar los trabajos de reconexión y “en tanto ambas comunidades que tienen el mismo derecho no se pongan de acuerdo y se desistan de las actuaciones legales, el gobierno del estado tiene un impedimento legal”, pues la determinación de un juez federal prohíbe conectar las tuberías.
Aseguró que presentó una solicitud para modificar la determinación del juez, misma que le fue negada, por lo que aseguró que dicha resolución será impugnada.
Esta postura oficial es rechazada tanto por autoridades agrarias como por pobladores de Ayutla, que aseguran que dichos amparos no impiden la reconexión.
