Denuncian que propuesta constitucional del INPI pone en riesgo el territorio de los pueblos indígenas

Autoridades agrarias y municipales, así como activistas de derechos humanos, revelaron que entre las propuestas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (INPI) se pretende beneficiar a las compañías mineras y pone en riesgo el territorio de las comunidades indígenas.

Explicaron, a través de un comunicado enviado por la Escuela Agraria para la Defensa de Nuestro Territorio, que sobre el tema de tierra y territorio los criterios son contradictorios.

Por un lado, dice que los pueblos indígenas podrán poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorio y recursos o bienes naturales y por el otro manifiesta “salvo aquellos considerados estratégicos para la nación”.

“Esto fortalece las concesiones mineras existentes y garantiza su continuidad poniendo en riego elementos naturales como el agua de los ríos, los minerales del subsuelo y el medio ambiente natural”.

Informaron que el 3 y 4 de agosto de 2019 se reunieron autoridades agrarias, municipales, alumnas y alumnos de las comunidades de San Miguel Chongos, Guadalupe Victoria, San José Chiltepec, Santa María Candelaria, Santa María Zapotitlán, Santa Lucía Mecaltepec y San Pedro Tepalcatepec, en el marco del sexto módulo y clausura de la Escuela Agraria para la Defensa de Nuestro Territorio.

Uno de los temas analizados fue el derecho a la consulta y sus procesos de implementación por parte del INPI en algunas comunidades del Pueblo Chontal.

Tras este análisis, encontraron que el INPI viola su derecho a la consulta reconocido en el convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por la forma en que la dependencia está realizando las supuestas consultas en la región chontal.

El protocolo (de estas consultas), detallaron, adolece de un vicio de origen debido a que no fue consultado previamente con los pueblos indígenas, por tratarse de una medida administrativa con consecuencias legislativas; no señala específicamente a las comunidades indígenas chontales que deberán de consultarse, solo refiere al pueblo chontal y señala como lugar sede de la reunión al Municipio de Santiago la Ollaga.

Este municipio está entre seis y ocho horas de traslado, “lo violenta los procedimientos apropiados, la buena fe, y las instituciones representativas de nuestras comunidades, los vemos como una estrategia del gobierno para que las comunidades no asistan, dando por hecho las consultas”.

Asimismo, afirmaron que los tiempos señalados para la consulta en el protocolo, son insuficientes para realizar un análisis profundo de los dieciséis temas que contiene el documento Principios y Criterios para la Reforma Constitucional y Legal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos; violenta las formas comunitarias para la toma de decisiones, al convocar solo a las autoridades municipales y comunitarias excluyendo a las asambleas comunitarias, principal instancia de toma de decisiones.

También advirtieron que la convocatoria no fue difundida en todas las comunidades indígenas chontales de la región chontal alta y de la región chontal baja. En los municipios de San Carlos Yautepec, Santa María Ecatepec, Santa María Quiegolani, Asunción Tlacolulita, Magdalena Tequisitlán, San Miguel Tenango, Santiago Astata y San Pedro Huamelula existen más de setenta comunidades indígenas.

A esto se suma que la libre determinación y la autonomía están cargada a cuestiones administrativas, designación de recursos y funciones de tipo electoral.

“Esto implicaría que los problemas que viven los municipios actualmente, serán traslados a las comunidades indígenas, modificando las formas e instancias comunitarias por los vicios que puedan generar los recursos municipales, en el ejercicio de la transparencia, control fiscal y su distribución en la vida interna de las comunidades”.

Además, los criterios no son concretos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Reconocer la violencia sexual como violencia especial, limita otros derechos y sobre la consulta del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el INPI solo convocó a reuniones en Santa María Ecatepec y San Pedro Huamelula y el testimonio de las autoridades es que fueron invitados porque estarían reunidas autoridades del gobierno federal, que llevaran sus solicitudes para apoyarlos con proyectos.

“Una reforma constitucional como se plantea en la supuesta consulta, no resolverá la deuda histórica que el estado tiene con los pueblos y comunidades indígenas. Se requiera un verdadero cambio estructural y cultural que tenga como centro las personas y el sistema en la que nos desenvolvemos”.