Piden a AMLO vigilar consulta indígena para nueva eólica en Unión Hidalgo, Oaxaca
Exigieron la instalación de una mesa de diálogo interinstitucional, conformada por la Presidencia
Comuneros zapotecas de Unión Hidalgo pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que revise la forma en la que se está llevando acabo la consulta indígena para la instalación de la "Central Eólica Gunaa Sicarú”, promovida por la Empresa Eólica de Oaxaca, filial de la francesa Electricité de France (EDF).
Exigieron la instalación de una mesa de diálogo interinstitucional, conformada por la Presidencia, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y las secretarías de Gobernación, Energía, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Medio Ambiente, para identificaren la comunidad los impactos potenciales del proyecto.
Recordaron que Unión Hidalgo es un anexo de la comunidad agraria de Juchitán, según se desprende de la Resolución Presidencial sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales, por tanto, la calidad legal de las tierras de la comunidad es de tipo comunitaria.
A partir de 2011 se recuperó la figura de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo y su respectiva Representación de Bienes Comunales. De igual forma, se creó un núcleo más compacto que se denominó Comité de Resistencia al Proyecto Eólico en Unión Hidalgo, conformado por distintos grupos de la comunidad.
En 2013, la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) otorgó medidas cautelares comunitarias en reconocimiento a la situación de riesgo por la labor de defensa frente a proyectos eólicos.
Luego, a mediados de 2017,se enteraron de los trámites que se estaban llevando a cabo para instalar el nuevo proyecto eólico, que pretende ocupar un polígono de 4 mil 700 hectáreas, distribuidas tanto en superficies de tierra pertenecientes a Unión Hidalgo, como a La Ventosa, perteneciente a Juchitán. Dicha superficie equivale a más de una tercera parte de la extensión total de Unión Hidalgo.
La empresa, aseguran los comuneros, en ningún momento reconoció los derechos de la comunidad establecidos en la Ley Agraria ni en el marco normativo de derechos de los pueblos ndígenas.
Explicaron que pese a este serie de violaciones, la administración de Enrique Peña Nieto inició un proceso de consulta indígena para obtener el consentimiento de la comunidad para el proyecto, mismo que continúa.
En el documento le expresaron a López Obrador su preocupación porque “el compromiso que usted tiene con los derechos de los pueblos no se refleje en la actitud de sus funcionarios" y recalcaron el aumento de riesgo para ellos, defensores comunitarios, a partir de la reactivación de la consulta.
Aseguran han sido objeto de amenazas de muerte e intento de secuestro, pero que en ningún momento los representante de Sener han reactivado un mecanismo para garantizarles seguridad.
