nión Hidalgo celebra 55 años de la titulación de los bienes comunales
Fue en 1964 cuando por orden presidencial se les reconoció como poseedores de la tierra y se les entregaron 20 mil hectáreas que hoy defienden de megaproyectos
Los comuneros de Unión Hidalgo celebraron este sábado los 55 años de la Resolución Presidencial que les entregó títulos de propiedad de los bienes comunales, como un núcleo anexo de Juchitán.
En 1964 se emitió la Resolución Presidencial sobre Titulación de Bienes Comunales, que reconoció 68 mil 112 hectáreas al pueblo zapoteca de Juchitán de Zaragoza y sus anexos: Xadani, La Ventosa, El Espinal, Chicapa de Castro y Unión Hidalgo, a este último se le asignaron más de 20 mil hectáreas.
En Juchitán dejaron de funcionar los Bienes comunales, pero Unión Hidalgo lo conserva hasta el día de hoy. La comunidad agraria de Unión Hidalgo defiende su derecho a la tierra, territorio y bienes naturales ante la industria eólica que se está asentando en el Istmo de Tehuantepec sin respetar el carácter comunal de la tierra, ni los derechos humanos de los pueblos indígenas.
En el marco de esta celebración, organizaciones, movimientos y redes nacionales e internacionales respaldan la labor de defensa del territorio de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, y exhortan al Estado mexicano a garantizar la defensa de los derechos humanos y el consentimiento previo, libre e informado
Las organizaciones, movimientos y redes suscribieron una carta donde manifestaron su apoyo a la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, reconociendo la legitimidad de su labor de defensa frente a la instalación de un gran número de proyectos eólicos en su región, y que les ha colocado en una situación de riesgo cada vez más elevado.
Foto: Edwin Hernández
En Unión Hidalgo, la instalación del parque Piedra Larga, operado por Desarrollos Eólicos de México (filial de la española Renovalia Energy), ha implicado una serie de impactos que van desde el desconocimiento por parte de la empresa de su calidad como comunidad indígena y la calidad de sus tierras bajo el esquema de propiedad social, hasta diversas acciones que pusieron en riesgo a varias personas de la comunidad: amenazas, hostigamiento, difamación, agresiones.
Todo lo anterior provocó que la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) otorgara medidas cautelares comunitarias a Unión Hidalgo desde el año 2013, en un reconocimiento A este elevado nivel de riesgo.
Desde mediados de 2017, se dio inicio a una serie de trámites dirigidos a la ejecución de un nuevo proyecto en la comunidad, denominado “Central Eólica Gunaa Sicarú”, promovido por la empresa Eólica de Oaxaca, S.A.P.I. de C.V., filial de la empresa francesa Electricité de France (EDF).
Aun cuando ya se observa una violación sistemática a los derechos de la comunidad, lo que ha sido denunciado ante tribunales y otras instancias con el acompañamiento de la organización ProDESC, el gobierno mexicano ha impulsado el inicio de un proceso de consulta indígena "a modo", denuncian los comuneros.
Recordaron que la Federación Internacional de los Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura, en el llamado urgente que emitieron el pasado 18 de junio, advirtieron que la situación de riesgo de los defensores comunitarios en Unión Hidalgo se ha elevado significativamente, con incidentes directamente relacionados con el inicio de la consulta indígena.
En este sentido, hicieron un llamado a las instituciones del Estado mexicano a reconocer la existencia de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo y el carácter comunal de sus tierras, así como a hacer un pronunciamiento público que legitime el valor de su labor de defensa, y condenando cualquier acto que tenga como objetivo intimidarles o limitar el ejercicio de sus derechos
