A más de nueve años de su desaparición, su padre, Carlos Moreno Zamora, acusó frente al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que desde el año 2011 ha sido nula la actuación de las autoridades en su investigación, tanto estatales como federales.
“Se cumplieron nueve años ocho meses de la desaparición de Israel, y desde entonces la actuación de las autoridades, tanto locales como federales, ha sido nula. Señor secretario, trataré de ser diplomático porque no lo soy, pero pasemos del discurso a las acciones.
“Si bien los hechos no se dieron en este gobierno, ahora usted [Alejandro Encinas] representa al Estado mexicano, y no es nada personal, pero mi familia y yo no podemos ni debemos aceptar una disculpa porque eso no nos regresa a Jesús Israel, y porque tenemos dignidad, por él no podemos aceptarla. Para que realmente mi familia y yo aceptemos las excusas ofrecidas se requiere de voluntad política, pero real y efectiva, para cumplir con el dictamen de la ONU”, expresó.
El padre de Israel Moreno también rechazó que haya dos personas detenidas y encarceladas bajo tortura desde hace ocho años, a quienes se les imputa la desaparición de su hijo.
Según la Fiscalía de Oaxaca, Israel Moreno fue asesinado, y 10 días después del asesinato unos tiburoneros vieron el cuerpo flotando en el mar.
El 6 de enero de 2012, el exprocurador de Oaxaca, Jesús López, informó de la detención de cuatro presuntos implicados en el asesinato de Jesús Israel, se trataba de: Margarito González Domínguez, el conductor de la panga; Irene Méndez Graf, una antropóloga que supuestamente le acompañaba; Honorio Corcuera Noyola y Javier Rodríguez Tapia, quien, para Carlos Moreno, es un testigo inducido para inculpar a las otras tres personas.
De acuerdo con Guillermo Naranjo, abogado de la asociación civil I(dh)eas, los detenidos por la entonces Procuraduría de Oaxaca fueron víctimas de tortura para obligarlos a aceptar un crimen que nunca cometieron. Dos de los presuntos responsables aceptaron en la averiguación previa su responsabilidad; sin embargo, ante el Juez afirmaron que fueron torturados y esa declaración no se ha corroborado ni investigado. Los otros dos imputados, pese a la tortura, negaron haber visto o conocido a Israel.
“Yo digo que Javier Rodríguez Tapia es el testigo inducido de la Procuraduría, porque yo vi cómo se dio un abrazo con el subprocurador de la Costa, como si fueran grandes cuates. Para cuando se termina el arraigo y se les condena a prisión preventiva, él declara que todo lo que dijo era mentira porque el comandante Juan le ofreció un millón pesos para inculpar a Margarito González e Irene Méndez”, sostiene Guillermo Naranjo.
El 24 de junio de 2017, un juez solicitó a la Fiscalía de Oaxaca que acreditaran la causa de muerte de Israel y los peritos respondieron en un oficio, que ellos no tenían la manera de acreditarlo y cuando se va con los ministerios públicos, afirman que no tienen pruebas.
En su recomendación 13/2016, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), señala que no hay elementos para poder acreditar que Israel fue asesinado, que es una falsa hipótesis y le instruye a la Fiscalía a elaborar un plan de búsqueda privilegiando un plan de búsqueda y privilegiando todas las líneas de investigación. También pide que se sancione a los funcionarios que intervinieron en la investigación, que la dañaron, que incurrieron en tortura y que metieron pruebas falsas, como fue la sustracción de un teléfono de Israel y cambiarlo por otro.