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En su pliego petitorio reclamaron el cese inmediato de funcionarios municipales, estatales y federales involucrados en esta masacre, quienes fueron denunciados desde el 2 de mayo de 2020; así como transparencia en las indagatorias que realiza la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Además, demandaron auxilio y prevención de ataques futuros contra los habitantes de esta comunidad del Istmo de Tehuantepec; así como también permitir el acceso a las vías de comunicación terrestres y marítimas que actualmente se encuentran cercadas por miembros de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes supuestamente, según los denunciantes, tienen que "pedir permiso" a los grupos paramilitares que operan en la zona.
Con el respaldo de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), entre otras asociaciones políticas, los denunciantes pidieron que se investigue a “seudo” organizaciones que simulan apoyar a la comunidad, pero que acusan de estar implicados con los responsables de la masacre, y en las cuales mencionaron que están involucrados funcionarios como Anabel López Sánchez, servidora pública del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
De la misma manera, exigieron investigar a las empresas que tienen intereses económicos en la región; demandaron que la FGEO ejecute las órdenes de aprehensión contra los probables autores materiales e intelectuales identificados en la masacre, y la atención integral tanto a las víctimas como a sus familiares, quienes suman más de 100.
De acuerdo con los denunciantes, el grupo armado responsable de los asesinatos estuvo encabezado por José Luis Chávez Salinas, agente municipal de Huazantlán del Río; así como ex funcionarios identificados como Laura Fiallo Sandoval e Iván Mateos López. También señalan a servidores públicos del INPI a cargo de Adelfo Regino Montes, como Anabel López Sánchez y Gualterio Escandón; entre otros.
El pasado 28 de junio, EL UNIVERSAL publicó un artículo con las claves para entender la masacre, en el cual Marcelino Nolasco —quien coordinó entre los años 2000 a 2015 la actividad académica de un Bachillerato Comunitario en San Mateo del Mar, impulsado por el obispo Arturo Lona Reyes — aseveró que dicha desatención de las autoridades, aunada a la pretensión gubernamental hace años de imponer un proyecto eólico en la zona, los rezagos y el olvido, así como el uso arbitrario de los recursos por parte de las autoridades locales, provocaron la ruptura entre el esquema tradicional e institucional del gobierno municipal.
Por lo que consideró que, al romperse el diálogo entre las autoridades en representación del Consejo de Ancianos con las autoridades constitucionales, se desbarató dicho equilibrio.
