Autoridades tradicionales de Lachatao denuncian agresiones y amenazas del ayuntamiento
Ante el riesgo, piden que integrantes del cabildo comunitario sean integrados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos
Autoridades comunitarias (cargos tradicionales) de Santa Catarina Lachatao, localidad zapoteca ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, denunciaron públicamente agresiones y amenazas de muerte de parte del gobierno municipal, por lo que solicitan protección federal, lo anterior a través de un escrito dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al gobernador Alejandro Murat, y a otras autoridades.
De acuerdo con la denuncia, el pasado 11 de octubre, a las 8:45 de la noche, integrantes del gobierno municipal constitucional interceptaron a José Guadalupe Santiago Ramírez, síndico municipal comunitario y al mayor de vara (policía comunitario) Eder Santiago, a quienes golpearon y amenazaron de muerte y con ser desaparecidos.
Según el relato, los agredidos viajaban a bordo de una camioneta propiedad de la Autoridad Municipal Comunitaria, cuando fueron interceptados por integrantes de la Autoridad Municipal Constitucional, quienes viajaban a bordo de dos vehículos, uno de ellos oficial, con los que obstaculizaron el paso, junto con troncos y otro vehículo motorizado.
Ambas autoridades tradicionales fueron golpeadas por al menos ocho personas. Aseguran los agredidos, eran quienes ordenaban a los demás el ataque y repetían “ahora te va a pasar lo que le hicimos al exsíndico municipal Eusebio, pues como tú bien sabes que desapareció pero que lo encontraron muerto, lo mismo te va a pasar si sigues con tus mamadas”.
A través de un comunicado respaldado por la Alerta Temprana Red, que aglutina a organizaciones contra la tortura, los agredidos denunciaron que luego del ataque, las autoridades constitucionales se llevaron la camioneta comunitaria y horas más tarde el síndico se percató que afuera de su domicilio estaban esperándolo estas mismas personas, en una camioneta, por lo que tuvo que ser auxiliado en uno de los rondines que realizaba la Guardia Nacional en la región, para salir de su domicilio.
Por estos hechos, se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) con sede en Ixtlán de Juárez, dando inicio a la carpeta de investigación 31479/FNSC/IXTLÁN/2020; sin embargo, aseguraron que “tuvieron acceso a información relevante en audio, fotografía, y mensajería de las personas agresoras”, donde reportan que se encuentran vigilando las actividades de las autoridades tradicionales, cuando se dirigían a realizar las denuncias.
Además, aseguraron que hasta el momento el Ministerio Público no ha dado certeza respecto a la solicitud de medidas cautelares para los miembros de la Autoridad Comunitaria, “ni una debida diligencia para las víctimas, pues no se ha considerado el contexto de riesgo ante el abuso de autoridad, y violaciones al derecho a la libre determinación, y la autonomía del pueblo originario de Santa Catarina Lachatao”.
De acuerdo con la autoridad tradicional, existe un conflicto en Lachatao por la ausencia de consulta, y transparencia en la realización de trabajos en el territorio mediante el Proyecto “Reconstrucción del camino E.C. (TUXTEPEC OAXACA)- Santa Catarina Lachatao, KM 175+500 en el Estado de Oaxaca”, que realiza el ayuntamiento constitucional.
Lo anterior dado que el ayuntamiento “llevó a cabo su gestión e implementación sin consultar a la comunidad, a pesar de las medidas sanitarias que se establecieron en la comunidad por pandemia de Covid-19 y sin informar los montos asignados, mismos que fueron solicitados a través de los mecanismos de transparencia.
Derivado de este choque entre autoridades tradicionales y constitucionales, actualmente éstas últimas desarrolla sus funciones en una de las agencias de este municipio, dejando un vacío de autoridad en la cabecera.
“Tememos que nuestro ejercicio de exigencia de rendición de cuentas, sea uno de los motivos que ha generado este aumento de agresiones en contra de las autoridades comunitarias.
Es importante señalar, que al tener la localidad de Santa Catarina Lachatao el reconocimiento de su territorio, y de sus autoridades, la Autoridad Municipal Constitucional deja de tener poder legal para gobernar, gestionar, o administrar dentro de los intereses de la localidad de santa Catarina Lachatao”, señaló la autoridad tradicional.
Además de las amenazas de muerte contra el síndico y la vigilancia contra otros miembros del cabildo tradicional, la autoridad comunitaria también denunció actos de hostigamiento sexual contra regidoras comunitarias, y contra mujeres que colaboran activamente en la localidad.
“El Ayuntamiento Constitucional no reconocen el sistema normativo interno de la localidad que habita en la cabecera, lo cual es una violación a nuestros derechos como pueblo originario: regirnos por nuestro propio sistema normativo interno para administrar nuestros recursos, nuestro territorio, y nuestra libre determinación”, acusaron.
Ante ello solicitaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas integrar a las siguientes autoridades comunitarias: Telésforo Ramírez Contreras, presidente; José Guadalupe Santiago Ramírez, síndico; Mayra Hernandez Ramírez, regidora de Obras; Sonia Ramírez Contreras, regidora de Educación y Salud; y a Juan Santiago Representante Comunal.
También pidieron a las autoridades federales y estatales “garantizar la integridad física, sicológica”, y jurídica de los integrantes de la autoridad tradicional, el acceso a la información sobre el proyecto carretero y facilidades para obtener su RFC que los respalde como una comunidad originaria y puedan acceder directamente a los recursos federales.
A penas el 21 de junio pasado, la escalada de un conflicto similar, entre la autoridad tradicional y el gobierno municipal de San Mateo del Mar, población ikoots del Istmo de Tehuantepec, derivó en la peor masacre indígena de la que se tiene registro en Oaxaca, pues 15 personas fueron golpeadas y quemadas vivas tras un choque entre ambos grupos. En su momento, se denunció omisión de las autoridades para atender el conflicto antes de este estallido violento.