Oaxaca de Juárez.—  Tras las denuncias del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) sobre que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió medidas cautelares a favor  de dirigentes de organizaciones sociales antagónicas en la región, el órgano autónomo informó que se están investigando estas “presuntas irregularidades”, pero señaló que dichas medidas son para toda la población, no para algún grupo específico. 

El sábado pasado, integrantes del MULT, organización que respalda a la 4T y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidieron fincar responsabilidades a Carlos Zárate, funcionario de la CNDH quien promovió medidas cautelares para “líderes que desestabilizan la zona”.

Señalaron que el funcionario de la CNDH otorgó medidas de protección para los líderes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), Reyna Martínez; de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Macario García Merino y de la Unión de Bienestar Social de a Región Triqui (Ubisort), Fabián Pereda, organizaciones, sostuvieron, afines al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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Dijeron que estos dirigentes reciben apoyos económicos del gobierno y que las organizaciones que encabezan, han desestabilizado constantemente la región Triqui.

Tras los señalamientos del MULT, la CNDH informó en un comunicado que ante “la complejidad de los deferendos que viven diversas comunidades del pueblo y la región Triqui”, se debe entender que el conflicto es de origen multifactorial y se ha caracterizado porque prevalece la violencia y la inseguridad en la zona, las cuales “se han agravado en fechas recientes por el desplazamiento forzado de habitantes de la localidad de Tierra Blanca”. 

Ante ello, la CNDH explicó que el pasado 19 de enero se pidió a autoridades de Oaxaca, que incluyen al gobernador Alejandro Murat (PRI), al fiscal general Rubén Vasconcelos, al secretario de Seguridad Pública, Ernesto Salcedo y al edil de Juxtlahuaca, Nicolás Feria (Morena) adoptar “medidas cautelares que garanticen la vida, la integridad personal, y el patrimonio, así como la seguridad y paz social de los habitantes del municipio”.

No obstante, preciso que estas medidas cuatelares fueron solicitadas para garantizar la integridad de toda la poblacióny no de alguna organización social o grupo político en particular. 

Señaló que según sus principios de objetividad, imparcialidad e inmediatez está comprometida a impulsar el diálogo entre el pueblo Triqui, las organizaciones y los tres ordenes de gobierno, como único camino para restablecer la seguridad y la paz social de la región. 

Pese a ello, señaló que los señalamientos respecto a presuntas irregularidades en el tratamiento del caso por parte de un servidor público ”ya se está investigando, a efecto de esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y aplicar las medidas y sanciones conducentes establecidas por el Órgano Interno de Control (OIC) de la CNDH. 

Desde principios de enero la violencia en la región Triqui se reactivó, misma que ha dejado a más de 500 personas desplazadas en Tierra Blanca Copala, tras la denuncian del MULTI de ataques armados de parte de presuntos grupos paramilitares afines al MULT; pese a que en un primer momento las autoridades negaron que hubiera víctimas mortales, posteriormente se localizaron 2 cuerpos. 

De acuerdo con la la Secretaría General de Gobierno (Segego) el fondo del conflicto entre el MULTI y MULT deriva de la disputa y por control político de la agencia de Tierra Blanca.

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