A dos años y seis meses del desplazamiento forzado por intolerancia religiosa de familias en San Juan Lalana, las víctimas no han podido regresar a sus hogares y recuperar sus bienes, informó Azael Ramírez Miguel, apoderado legal de la Iglesia Cristiana Interdenominacional en el estado de Oaxaca.
Algunas de las familias, dijo, se encuentran refugiadas en el municipio cercano a San Juan Lalana, dentro del territorio oaxaqueño; y otro grupo de familias, se encuentran en un municipio del estado de Veracruz. Ambos grupos de familias con el objetivo de resguardarse y seguir buscando una solución a este desplazamiento forzado resultado de la intolerancia religiosa.
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"No han regresado, tampoco les han regresado sus bienes, todo eso está perdido. No ha habido ninguna reconstrucción, no hay ningún avance en el sentido de que ellos puedan regresar. Eso es lo que tenemos hasta este momento".
Azael Ramírez aseguró que hay diversos "focos rojos" en algunos municipios de Oaxaca por intolerancia religiosa, incluso en poblaciones de la región Valles Centrales y cercanas a la capital del estado, y no sólo contra miembros de su iglesia, sino también contra feligreses de otras religiones.
Sin mencionar el lugar, aseguró que recientemente se presentó un caso en el que por decisión de la asamblea comunitaria se determinó expulsar y sancionar a las familias que profesan otra religión diferente a la católica, y por no participar en las actividades religiosas de la comunidad.
El abogado explicó que uno de los problemas a los que se han enfrentado son a los usos y costumbres de las comunidades indígenas del estado, en donde, con sus actas de asamblea rebasan y desconocen lo que establece la propia Constitución Política de México en la que se establece la libertad religiosa.
Lo que se necesita, consideró, es que cada vez que se renuevan las autoridades municipales en estás poblaciones del estado haya un proceso de diálogo y sensibilizar sobre la tolerancia y libertad de culto, y en el que se les explique que los usos y costumbres no pueden estar por encima de la ley ni de la Constitución.
"De los 570 municipios de Oaxaca hay un número muy alto que se rige por usos y costumbres, y donde tienen este problema nuestros hermanos. Mire, si nosotros vemos, de los 570 municipios, 417 se dirigen por un acta de asamblea. Y en esas actas de asamblea hay algunas autoridades que son más accesibles, con quienes ya hemos podido entablar alguna comunicación, con quienes hemos podido platicar, no solamente nosotros, sino las otras denominaciones o asociaciones religiosas. El problema es que al cambio de de autoridad surgen otras ideas, viene otra asamblea. Entonces, el porcentaje es bastante alto en Oaxaca".
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El caso de San Juan Lalana detalló que son 12 personas las afectadas y desplazadas forzosamente por intolerancia religiosa, además, las despojaron de sus hogares, terrenos y ganado.