Una Misión Civil de Observación, integrada por diversas organizaciones sociales, documentó la existencia de 550 víctimas (50 directas y al menos 500 indirectas) de crímenes de lesa humanidad en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca.
Las víctimas, afirmó, sufrieron tortura, detenciones arbitrarias, prisión preventiva prolongada, desplazamiento forzado, hostigamiento judicial y represión política.
En el informe preliminar de la Misión Civil de Observación, se señaló la participación y colusión en estos crímenes de actores municipales, estatales y federales, así como del grupo caciquil encabezado por Manuel Zepeda Cortés y la actual diputada local Elisa Zepeda Lagunas, “cuya influencia ha sido determinante para mantener el clima de persecución”.
Y advirtió que la comunidad enfrenta un momento crítico porque aún existen más de 200 órdenes de aprehensión vigentes que mantienen a muchas familias en desplazamiento forzado o en permanente riesgo, mientras que la devastación ambiental continúa en Eloxochitlán de Flores Magón, y la impunidad es absoluta.
La Misión Civil también señaló un ecocidio en el Río Xangá Ndá Ge, el cual es considerado “ente vivo y sagrado dentro de la cosmovisión mazateca”, por la sobreexplotación ilegal de materiales pétreos por más de una década.
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Esta sobreexplotación, precisó, ha causado la destrucción del cauce, contaminación con metales pesados, desecación de tramos completos, pérdida acelerada de fauna y flora, y maquinaria pesada operando en territorio comunitario. “Este ecocidio es parte del mecanismo para debilitar la autonomía y abrir paso al despojo territorial”.
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El informe fue un trabajo colectivo que documentó un periodo de más de 13 años de violencia de Estado, criminalización política y explotación ambiental que han afectado profundamente a la comunidad mazateca.
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“Fue elaborado por un equipo independiente de personas expertas en derechos humanos, ciencias naturales, ingeniería, psicología, antropología, perspectiva de género e interculturalidad. Su finalidad es romper el cerco de silencio y registrar, con rigor, lo que la comunidad ha denunciado desde hace más de una década”.
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