Municipios | 01-03-23 | 00:03 | Actualizada | 13-04-25 | 18:09 |
Juchitán. – Por segundo día consecutivo, ejidatarios de la comunidad Santa Cruz Bamba, que pertenece al municipio de Santo Domingo Tehuantepec, bloquean la carretera costera 200 entre Salina Cruz y Huatulco, para exigir claridad sobre la venta del material pétreo que se está utilizando en la construcción de la escollera oeste del puerto de Salina Cruz, obra que forma parte de los trabajos del Corredor Interoceánico (CIIT).

Aunque el bloqueo sobre la costera se instaló ayer martes, las protestas de los campesinos comenzaron hace una semana con el cierre del banco de roca de donde extraían el material pétreo sin la suficiente claridad en cuanto a tonelaje por día, lo que originó las inconformidades de los campesinos.

Comisionada por el ejido como representante en las protestas y negociaciones, la ciudadana Martinelda Cordero Ríos, denunció que la empresa extractora de piedras, Infraestructura y Energías Renovables Laysa, no ha cubierto un adeudo de 10 millones de pesos por la extracción de las rocas y explicó que ante la opacidad, los campesinos piden la destitución de su líder ejidal.

En el bloqueo sobre la costera 200, los campesinos denunciaron que el representante del ejido, Israel Díaz, fue desconocido por parte de 88 ejidatarios, de un total de 155, debido a que junto la apoderada de la empresa Laysa, María Natividad Gordillo Espinosa, mantienen en secreto el volumen de las extracciones del material pétreo.

Desde que comenzó la construcción de la escollera oeste en el puerto de Salina Cruz, en el sector oriente de la comunidad de Salinas del Marqués, en febrero de 2020, la obra constantemente ha sufrido retrasos por conflictos sociales y por disputas en la extracción y acarreo de rocas. Según el gobierno federal, estaba prevista que la escollera fuera concluida en diciembre de 2022 con una inversión de casi 5 mil millones de pesos, 

Según reportes de la Auditoría Superior de la Federación, los responsables del ejercicio financiero, dejaron pendientes de comprobar o aclarar 22 millones de pesos, derivados de la deficiente supervisión y errores aritméticos en el acarreo del material pétreo.

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