Autoridades de Teojomulco, Oaxaca, mantienen a 9 personas presas de forma ilegal desde hace 5 meses
La Defensoría de Oaxaca advierte que este hecho representa “una grave violación a los derechos humanos", ya que los detenidos en la cárcel municipal no han tenido acceso a una defensa
Oaxaca de Juárez.— Las autoridades de Santo Domingo Teojomulco, municipio ubicado en la región Sierra Sur de Oaxaca, mantienen en prisión de forma ilegal desde hace cinco meses a dos personas que administraban una gasolinera comunitaria, a quienes acusan de desvío de recursos, pero sin permitirles acceder a una defensa.
Pese a que por ley una persona no puede permanecer en un centro de detención municipal por más de 36 horas sin ser puesto a disposición del Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), amparados en la decisión de la asamblea comunitaria, las autoridades de Teojomulco mantienen en prisión a Erika Díaz Martínez y Rubén Gutiérrez Silva desde el pasado 29 de mayo de 2022, sin dar parte a las autoridades de impartición de justicia.
Ambas personas se desempeñaban como administradores de la gasolinería rural comunitaria, pero tras una auditoría realizada sin protocolos y sin que los señalados pudieran presentar documentos sobre su labor, fueron encontrados culpables de un presunto desvío y desde entonces están encarcelados en la prisión municipal. Además, les fueron cerrados sus negocios en la comunidad y se les exige un pago millonario para su liberación.
De acuerdo con la denuncia de ciudadanos y de la Red de Abogadas Indígenas, las autoridades señaladas por estos hechos son Otoniel Cruz Díaz y Pablo Juárez, presidente y síndico municipal respectivamente.
Tras la denuncia, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) advirtió que este hecho representa “una grave violación a los derechos humanos y llamó a las autoridades estatales” a intervenir de manera inmediata.
Ante ello, el organismo autónomo dictó medidas cautelares, mediante las cuales pidió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca iniciar una carpeta de investigación por privación de la libertad, además de que, personal de dicha institución se constituya en la cárcel municipal para constar que las personas se encuentran en el lugar y, en caso de que hayan incurrido en un delito, las pongan a disposición, o bien, les garanticen la libertad.
Además, mediante el expediente DDHPO/1609/(20)/OAX/2022, la Defensoría solicitó a la Secretaría General de Gobierno (Segego), llevar a cabo las mesas de negociación, así como mediación para lograr la liberación de ambas personas.
Este órgano autónomo también requirió al municipio que rinda un informe sobre los hechos que se les atribuyen, además de “abstenerse de causar actos violatorios a los derechos humanos de Erika y Rubén, así como a sus familiares”.
La DDHPO informó que también tiene conocimiento de la detención de otras nueve personas en ese mismo centro municipal, de nombres Ahidan B., Félix A., Julian R., Esequiel M., Crisóstomo M., Avelino L., Benancio R., Benito C. y Lorenzo S, hecho por lo que también se tiene otro expediente abierto.
“De acuerdo con las leyes vigentes en el país, el arresto por faltas administrativas en centros municipales no debe superar las 36 horas, y si bien se reconoce la jurisdicción normativa de las comunidades indígenas para establecer sanciones, estas también tienen límites”, aseguró la DDHPO.
La Defensoría reiteradamente ha señalado que las cárceles municipales “son sitios de riesgo por la ocurrencia de violaciones a derechos humanos”, pues tan sólo de 2015 a octubre de 2022 se han presentado 17 muertes, de las cuales cuatro han ocurrido en este 2022 en los ayuntamientos de Salina Cruz, Huatulco, Juquila y Tlalixtac de Cabrera.
“La Defensoría ha observado que en diversos municipios se carece de protocolos adecuados para la detención y custodia de las personas que cometen faltas administrativas y son internadas en las cárceles, separos o espacios destinados a cumplir con sanciones privativas de libertad”, agregó.
Y dijo que ha documentado que muchos de esos espacios destinados a prisión preventiva no cuentan con condiciones materiales dignas para contener a personas privadas de la libertad, entre las que se encuentran la falta de: energía eléctrica, sanitarios, higiene, buena ventilación, espacios destinados a mujeres o personas adultas mayores o con discapacidad; personal para la custodia permanente y atenta a las personas detenidas, así como de médicos para certificar o brindar atención médica o primeros auxilios.
Sobre el caso de Erika, Rubén y otras nueve personas, quienes durante meses han sido privados de su libertad en Teojomulco, dijo que esto pone “un nuevo precedente de actos graves de violaciones a derechos humanos que se pueden registrar en los centros de detención municipal”.
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