Tlaxiaco. – A un año de que la violencia desplazó a 225 personas del pueblo Ñuu Savi, de la comunidad de Buenavista, autoridades comunitarias, agrarias y municipales de Santiago Yosondúa hacen un llamado urgente a las autoridades del gobierno federal y del estado de Oaxaca para garantizar la protección y el retorno paulatino de manera segura a las víctimas de desplazamiento forzado.
“Solicitamos respetuosamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, al secretario General de Gobierno, así como el resto de las autoridades federales y estatales competentes, que intervengan de manera coordinada y urgente para garantizar la seguridad y protección de las familias desplazadas de Buenavista”, pidieron.
Así como de dar seguimiento puntual a las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia y desplazamiento. Cabe recordar que, Oaxaca cuenta con la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, el cual tipifica como delito el desplazamiento arbitrario y la negativa a garantizar el retorno seguro de las familias a sus hogares.
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Las autoridades piden que se realicen las diligencias pendientes para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de quienes resulten responsables de la violencia que obligó a las familias de Buenavista a abandonar sus hogares en agosto del 2025.
Además de retomar institucionalmente la mesa de diálogo, conciliación y construcción de paz, con la participación de las autoridades y representantes correspondientes. Así como evitar cualquier acto de provocación o acción arbitraria que pueda generar nuevos enfrentamientos o agravar el conflicto que escaló a quema de viviendas y propiedades, daño a parcelas de maíz y ganado.
Principalmente, garantizar a las víctimas del desplazamiento sus derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Y, generar las condiciones de seguridad necesarias para un eventual retorno voluntario, seguro, digno y sostenible de las familias desplazadas a sus hogares y tierras, “cuando ello resulte material y jurídicamente procedente”.
Para alcanzar estas peticiones, las autoridades señalaron que es necesario establecer mecanismos permanentes de coordinación entre las autoridades municipales, agrarias, estatales y federales para prevenir nuevos actos de violencia y proteger a las más de 200 pobladores víctimas del desplazamiento en la región de la Mixteca de Oaxaca.
“Queremos dejar claro ante la sociedad y ante las autoridades que las familias de Buenavista y las autoridades que suscribimos este comunicado no buscamos la confrontación ni pretendemos resolver el conflicto mediante la violencia. Por el contrario, rechazamos categóricamente cualquier acto de amenaza, intimidación, agresión, destrucción, despojo, ocupación o modificación de hecho de la situación territorial”, manifestaron.
El conflicto agrario entre Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa deriva de la disputa por una superficie de mil 625 hectáreas de tierra desde hace más de cinco décadas; sin embargo, en agosto del 2025, el conflicto escaló y las familias de Buenavista huyeron de la violencia.
En este contexto, las autoridades comunitarias, agrarias y municipales de Yosondúa reiteraron que los conflictos agrarios y territoriales deben resolverse mediante el diálogo, la conciliación y los procedimientos establecidos por la ley, sin hacer justicia por propia mano.
“La paz verdadera solamente puede construirse sobre la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme a las autoridades para que no se permita que el transcurso del tiempo haga invisibles a las víctimas ni convierta el desplazamiento en una situación permanente”, enfatizaron.