Chinantecos desplazados, inundados de promesas a 50 años de construcción de presa Cerro de Oro en Oaxaca

Oaxaca de Juárez.— A partir de 1972, miles de indígenas chinantecos fueron desplazados forzosamente por el gobierno federal para la construcción de la presa Cerro de Oro, en el municipio de San Lucas Ojitlán, región Cuenca del Papaloapan; 50 años después, continúa su lucha para que el gobierno federal cumpla con su promesa de entregarles nuevas tierras.

De acuerdo con el sociólogo de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), Joel Rojo Horta, el decreto data de 1972, cuando era presidente de la República Luis Echeverría Álvarez; en él, se expropian diversos núcleos agrarios de la población indígena chinanteca. 

La promesa del gobierno federal fue la entrega de nuevos terrenos en los que podrían continuar con sus actividades agrícolas, la construcción de carreteras y viviendas, entre otras.

Sin embargo, Joel Rojo explica que de las 260 mil hectáreas entregadas en el Uxpanapa, “90% no son aptas para la agricultura, sólo para la cría de ganado tirando la selva, actividad que culturalmente [los chinantecos] no desarrollaban”.

Sin tierras y sin pago

La diputada federal Irma Juan Carlos señala que desde hace algunos años el Comité Prodefensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas Chinantecos Desplazados por la Presa Cerro de Oro han insistido ante diferentes instancias del gobierno federal, para que atiendan sus demandas y cumplan con sus promesas.

Sus reclamos actuales, precisa la legisladora federal, se basan en que fueron reubicados en tierras que no son aptas para la actividad agrícola, no se les dotó de las cantidades de tierras que se les prometió, la calidad de la tierra que se les dio es muy inferior a la que tenían y/o casi inservible para la siembra y no cuentan ni se les dotó con sistemas de riego, porque en muchos poblados carecen de agua y, en otros casos, sus tierras se inundan y quedan inservibles.

Tampoco se les indemnizó económicamente de forma justa y adecuada, presentándose en la mayoría de casos falsificaciones de firmas y entregas de menores cantidades de dinero de las que se especifican en los libros que recabó la Comisión del Papaloapan.

Además, no les entregaron los materiales correctos para la construcción de sus viviendas y no les pagaron de forma adecuada las prestaciones a las que tenían derecho, en su calidad de expropiados y ejidatarios.

A esto se suma que del extinto Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fonafe), ahora Fideicomiso para el Fondo Nacional para el Fomento del Ejido (Fifonafe), quedaron pendientes pagos individuales y de bienes comunes como lo son parcela ejidal, escolar, de la mujer y deportiva.

Mientras que en la vivienda de las que se les dotó carecen de lo básico, ya que sólo en algunos casos se les entregó con servicio de drenaje y agua; no existe electrificación ni caminos carreteros que les permitan estar comunicados con el exterior. 

Por último, la supuesta entrega de infraestructura que se realizó a los ejidos de nueva creación, en su gran mayoría sólo se hizo de forma documental, puesto que físicamente nunca se entregó el material y en otros casos sólo fue parcial.

50 años sin certeza jurídica

“A lo anterior se suma que actualmente muchos de los expropiados viven en la incertidumbre jurídica, debido a que no se les entregó su certificado parcelario que les acredita la calidad de ejidatarios. A otros tantos se les desconoció completamente la calidad de ejidatarios, debido a la migración de lugares a los cuales fueron enviados por los representantes de la Comisión del Papaloapan”, agrega la legisladora Irma Juan Carlos.

El comité profedensa ha realizado múltiples gestiones que culminaron con la instalación de mesas de trabajo en las oficinas de la Procuraduría Agraria con sede en la Ciudad de Tuxtepec, en donde participa personal comisionado por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como representantes del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

Posteriormente, en las instalaciones del Centro Coordinador del INPI en Tuxtepec se han seguido desarrollando estas reuniones. En esas mesas que iniciaron en noviembre de 2019, se comenzó con la revisión de los expedientes indemnizatorios de los expropiados, así como de los libros que la Comisión del Papaloapan integró cuando realizaron el proceso expropiatorio e indemnizatorio.

“Son numerosas las historias de indígenas a los cuales nunca se les explicó correctamente qué estaba sucediendo. Simplemente les decían que se salieran de sus tierras o los iban a inundar y se iban a ahogar; que aceptaran lo que se les ofrecía o si no se quedaban sin nada. En muchos casos les hicieron grandes promesas de prosperidad en sus nuevos núcleos de población en donde se les iba a reacomodar; sin embargo, fueron engañados, puesto que en esa época prácticamente nadie hablaba o escribía en español.

“Los funcionarios de gobierno se aprovecharon entonces de la ignorancia y de la buena fe del pueblo indígena chinanteco, así como de la confianza que les brindaron a quienes consideraban representantes del gobierno federal. En suma, no se les respetaron sus derechos y garantías fundamentales como pueblos indígenas y, como consecuencia de ese proceso viciado e irregular, fueron engañados, timados y reacomodados en el olvido, al arrebatarles parte de su tradición y cultura, cortando sus lazos y núcleos familiares”, sostiene. 

Piden resarcir daños

La propuesta, detalla la diputada federal, es que la Secretaría de Gobernación constituya una mesa de trabajo interinstitucional para atender las justas demandas de las y los campesinos chinantecos afectados por el proceso de expropiación de sus tierras iniciado el 30 de agosto de 1972, con motivo de la creación de la presa Cerro de Oro en Tuxtepec, y generar alternativas para resarcir, en lo procedente, los daños y perjuicios generados en todos estos años.

Esta mesa, dice, debe estar conformada por la Conagua, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Registro Agrario Nacional, el INPI y representantes de los gobiernos de los estados de Oaxaca y Veracruz.

La exigencia, precisa, es que se les indemnice por la expropiación de sus tierras, que haya una nueva reubicación, dotación de tierras, creación de centros poblacionales y otorgamiento de seguridad jurídica, derivado de la expropiación de sus tierras, así como de las condiciones de vida actuales de los expropiados en los ejidos que se formaron con su desplazamiento, entre otras demandas.