Comuneros acusan a autoridades de dar por muertas a 22 personas de Ixcatlán, Oaxaca; Defensoría ya investiga

Oaxaca de Juárez.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación de una denuncia presentada por comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, en el municipio de Tlaxiaco perteneciente a la región Mixteca, según la cual autoridades del Registro Civil y del Registro Agrario Nacional validaron el fallecimiento de 22 personas vivas.

El hecho, advirtió el organismo autónomo, vulnera entre otros, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la seguridad jurídica y particularmente, el derecho a la tierra y a poder disfrutar su territorio indígena. 

Pobladores de Santo Domingo Ixcatlán sostienen un conflicto agrario desde hace más de 53 años con la comunidad vecina de Chalcatongo de Hidalgo, a quienes acusan de vender tierras de manera ilegal, en presunto contubernio con autoridades estatales; hasta hace cuatro años, ambas comunidades mantenían una disputa por más del mil 346 hectáreas.

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Tras iniciar el expediente DDHPO/1007/(25)/OAX/2021, la DDHPO solicitó información a las autoridades señaladas como responsables, pues tiene conocimiento que 22 de esas personas comuneras supuestamente fallecidas, cuentan con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Indicó que analizará la posible comisión de violaciones a derechos humanos en las que probablemente incurrieron servidores públicos de las instituciones responsables, fundamentalmente, relacionados con la vulneración del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica de personas que aún se encuentran vivas, hecho que tendría como consecuencia desconocer la posibilidad de las mismas a ser titulares de derechos y deberes, sobre todo, los concernientes a su carácter de persona comunera.

“Es fundamental investigar y aclarar este tipo de actos, pues las propias autoridades agrarias señalan que, en Oaxaca, el 76 por ciento del territorio es propiedad social, comprendiendo 7 mil 200 millones de hectáreas, lo cual implica darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra y con ello, evitar posibles conflictos agrarios o sociales al interior de las comunidades o con otras”, expresó la Defensoría en un comunicado.

Además, la Defensoría recordó que en días pasados también recibió la queja por parte de los hermanos Caleb, Ashmar y Herbé Gómez Conzatti, cuyo caso fue publicado por EL UNIVERSAL hace un mes, quienes señalaron la actuación irregular del Registro Civil, por robo de identidad.

La institución apuntó que entre 2018 y hasta el primer semestre de 2021, se han documentado 105 quejas relacionadas con actos que podrían constituir violaciones a derechos humanos cometidos por servidores públicos del Registro Civil.