Comunidades de la Mixteca de Oaxaca cumplen cinco años de despojo y desplazamiento; exigen justicia

Tlaxiaco. – “Verdad y justicia”, exigen familias de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji del municipio de San Esteban Atatlahuca, a cinco años de ser despojados y desplazados.

“Defender el territorio no es un delito”, expusieron durante una marcha realizada en la ciudad de Tlaxiaco las familias que siguen sin retornar a sus comunidades de origen.

A cinco años de los ataques ocurridos en contra de las familias del pueblo Ñuu Savi de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, donde hubo quema de viviendas, desplazamiento y desapariciones de al menos cinco personas, así como asesinatos, las víctimas exigen verdad y justicia.

También pidieron la reparación integral del daño, medidas adecuadas para las víctimas y sus familias, incluyendo restitución de derechos, reconstrucción de viviendas, atención física y psicosocial y recuperación de medios de vida

A cinco años del despojo en medio de la violencia, las familias no han vuelto a su comunidad de origen, habitando en espacios indignos para los niños, mujeres y personas de la tercera edad, por lo que exigen retorno seguro, digno y voluntario con condiciones efectivas de seguridad, vivienda, servicios básicos y recuperación de la vida comunitaria para las familias desplazadas.

Familias de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji. Foto: Nute Kuijin

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Las comunidades han denunciado la falta de avances suficientes en las investigaciones, la ausencia de justicia y la falta de reparación integral.

Este miércoles 21 de octubre, marcharon las familias desplazadas en la ciudad de Tlaxiaco, y pidieron seguir defendiendo el bosque y el territorio, situación que por las que fueron despojados y desplazados de sus comunidades.

“Nuestros pueblos mantienen una relación histórica, cultural, comunitaria y espiritual con sus territorios y bosques. Su defensa no es una actividad aislada: representa la protección de nuestra vida, nuestra identidad, nuestros medios de subsistencia y el patrimonio natural que hemos heredado de nuestras ancestras”, externaron.

En este sentido, demandaron medidas de protección eficaces de prevención para quienes defienden el bosque, el agua, el territorio y los derechos humanos, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

Igualmente pidieron reconocimiento y acceso a recursos públicos. Así como la revisión transparente de las gestiones de los ramos 28 y 33, atención de las situaciones de acreditación de las autoridades comunitarias de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.

Además de una mesa interinstitucional de atención con las autoridades federales y estatales con la participación de Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán, con acuerdos escritos, responsables institucionales, plazos de cumplimiento y mecanismos de seguimiento.

“Esta mesa debe atender de manera integral los aspectos agrarios, jurídicos, presupuestarios, de seguridad, salud, vivienda, desplazamiento y protección ambiental”.

El ataque ocurrido en contra de las comunidades Guerrero Grande, Ndoyonuyuji y Mier y Terán del municipio de Atatlahuca fue durante los días 21, 22 y 23 de octubre de 2021, desde entonces el acceso a la justicia ha sido casi nulo.

Cabe recordar que, durante los días de violencia, dos personas fueron asesinadas, cuatro desaparecidas, más de 150 viviendas fueron quemadas y alrededor de 30 familias fueron desplazadas de sus comunidades.

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