Los habitantes de Tilzapote, una localidad zapoteca de San Francisco Cozoaltepec, ubicada en la Costa de Oaxaca, prohibieron el ingreso a su territorio de cualquier persona ajena a la población o sin previa autorización, como una medida de protección de sus tierras.
Hace nueve años perdieron un juicio agrario ante una pareja que reclamó la propiedad de 300 hectáreas, pese a que ellos han habitado en ellas desde tiempos ancestrales.
Con el inicio de una nueva defensa legal, descubrieron que detrás de este despojo hubo una presunta simulación de compraventas entre dos matrimonios que se vendieron entre sí, e incluso, usaron su territorio como garantía en los contratos obtenidos por una empresa constructora.
En los últimos tres años reactivaron su defensa legal, tras descubrir un fraude procesal para despojarlos de sus tierras, y que ha llegado al extremo de una condena al Estado mexicano para pagar más de seis mil millones de pesos.
En el año 2011, una pareja de nombre Pedro Martínez Araiza y Domitila Guzmán Olivera interpusieron un amparo en el que reclamaban la propiedad de 300 hectáreas de Tilzapote. Su objetivo era que esas tierras se excluyeran de los bienes comunales.
Dentro del juicio agrario, también expusieron que tenían un grupo de inversionistas interesados en la construcción de un desarrollo turístico en esa zona llamado “Palmera 1”, y la cual una de playa que se extienden a lo largo de aproximadamente 1.5 kilómetros, con una inyección de recursos privados, de acuerdo a un contrato que se encuentra dentro del expediente.
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Aunque la comunidad inició una lucha política, que incluyó bloqueos carreteros, contra este despojo, la población también se defendió legalmente dentro del juicio; sin embargo, la defensa que era llevada por la Procuraduría Agraria fue deficiente y permitió que se dictará una sentencia a favor de Pedro Martínez y Domitila Guzmán; un caso en el que también está involucrado un matrimonio potentado de Oaxaca: Florentino Audelo Galguera y Silvia Holm de Audelo.
Pedro Martínez y Domitila Guzmán presentaron en el año 2011, como prueba, una escritura y un contrato de compraventa del 5 de noviembre de 1979 en la que sus patrones Florentino Audelo y Silvia Holm les vendieron las 300 hectáreas de Tilzapote, y afirmaron que desde entonces estaban bajo su posesión.
“Sin embargo, es de todos conocido en la región que esas tierras han sido y estado en posesión de los habitantes de esa comunidad indígena zapoteca”, señala Marco Antonio Velázquez Ramírez, presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco Cozoaltepec.
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Asimismo, dentro del expediente se conoció que Pedro y Domitila, cuando compraron esas tierras, entregaron un poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, con el fin de que Florentino Audelo y Silvia Holm, pudieran disponer de ellas como ellos quisieran, aunque ya no fueran dueños.
Tan es así, dice, que gravaron esas tierras como garantías de fianzas de una constructora denominada TIN S. A. de C. V., de la cual forma parte Florentino Audelo.
Tras concluido el juicio, el 10 de mayo de 2016 el Tribunal Unitario Agrario ordenó la desincorporación de los bienes comunales de esas hectáreas a favor de Pedro y Domitila, y con ello, las convirtió en propiedad privada.
Cuando promovieron el juicio, esta pareja únicamente solicitó en su demanda la exclusión de esas 300 hectáreas del régimen comunal, señalando que tenían en posesión esas tierras. Sin embargo, de manera inexplicable e “ilegal”, mediante una aclaración de sentencia, Pedro y Domitila solicitaron ahora la entrega de esas 300 hectáreas, cuando ésta no era parte de su demanda.
“En abierta parcialidad, sin razón alguna, en esa aclaración de sentencia, el Tribunal Agrario señala que se requiere al Comisariado para la entrega de esa tierra, es decir, no existe ni siquiera una condena de entrega, sino un requerimiento nada más. La razón es obvia, porque nunca fue materia del juicio la entrega de esas tierras, sólo la exclusión”.
En el juicio agrario no fue posible ejecutar la sentencia por lo que Pedro y Domitila promovieron un juicio de amparo ante un juez federal, en el que obtuvieron una sentencia para que les entregaran esas tierras. La autoridad federal determinó que no se podía ejecutar porque no había condiciones y podría haber un conflicto social, porque ahí existe una comunidad desde tiempos ancestrales.
Entonces promovieron un “incidente de cumplimiento sustituto”; es decir, que si el Estado no podía garantizar la entrega material de las 300 hectáreas, que se les pagaran; y presentaron los avalúos de las tierras realizadas por los peritos; pero, estos nunca estuvieron en las tierras ni hicieron ningún recorrido para poder darles un valor.
Pese a ello, valuaron esa extensión de tierra en más de 4 mil 300 millones de pesos y se hizo una segunda actualización que le dio un valor de 4 mil 700 millones, aproximadamente.
Pero el Tribunal Agrario ordenó la reposición de ese incidente porque no había una resolución por parte del juez federal, que determinará que esa sentencia de entrega material de las tierras no se podía cumplir.
Por lo que el juez federal dictó una resolución en la que determinó que era materialmente imposible de cumplir con esa sentencia, en razón de que había pobladores ocupando esas tierras, y declaró la inejecución de la entrega material de las tierras.
“Dicha resolución fue confirmada por el Tribunal Colegiado, pero de manera sospechosa e ilegal, la magistrada Adriana Alejandra Ramos León, agregó que como ya se había realizado un incidente de cumplimiento sustituto, el juez podía valorar las pruebas desahogadas en ese incidente y convalidarlas; esto, fue ilegal porque al volverse a tramitar el incidente que se había ordenado su reposición, ya no se realizó el trámite apegado a la ley, sino únicamente se actualizó el avalúo”.
Por eso el pasado 28 de enero de 2025, un juez federal ordenó al Estado mexicano pagar más de 6 mil millones de pesos a Pedro y Domitila, por esas tierras.
Con la ampliación de la carretera que conduce de la población de San Pedro Pochutla a Puerto Escondido Oaxaca, también conocida como construcción de la carretera Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, Pedro y Domitila demandaron mediante un juicio de amparo al Presidente de la República el pago de derecho de vía bajo el argumento de que la carretera pasaba por sus tierras.
Pero dentro de ese juicio de amparo los hijos de Florentino Audelo y Silvia Holm, a través de su apoderado legal Héctor Manuel Salinas Mendoza, afirmaron ser dueños de esas 300 hectáreas porque en el año 2002 Pedro y Domitila se las vendieron a Silvia Holm, quien las compró para sus hijos.
Y como prueba, mostró la escritura número 7108, el poder que les habían otorgado y un certificado con más de 10 gravámenes que habían sido garantías de la constructora TIN.
Esto, afirman los abogados de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec, era elemento suficiente para detener el juicio agrario porque existían dos dueños; pero no sucedió así, pese a que estas pruebas forman parte del juicio.
El fraude consistió, explican, en la simulación entre Pedro y Domitila y los Audelo: Pedro y Domitila le compran a sus patrones esas 300 hectáreas en el año de 1979, pero en esa misma fecha les dan un poder notarial amplio para que Florentino Aduelo disponga de esas mismas tierras: pueda venderlas.
Y en el 2002, Pedro y Domitila le regresan las mismas tierras mediante un contrato de compraventa a Silvia Holm, quien compra para sus hijos; sin embargo, esta venta la mantienen sin inscribir en el Registro Público de la Propiedad, lo que hace que no se supiera de esta compraventa por parte de cualquier particular.
Es decir, hasta el 2018 inscriben esta segunda escritura, cuando Pedro y Domitila ya habían ganado un juicio, haciéndose pasar por dueños, cuando ya no lo eran. “Ahí está el fraude”.
La comunidad ha promovido recursos para que se revise y se tomen en cuenta todas esas anomalía dentro del juicio agrario y el juicio de amparo por la serie de irregularidades en todo el proceso, así como por la valoración de los avalúos en las que no es creíble la cantidad en la que evaluaron las 300 hectáreas por ser una población sin infraestructura básica, por la aparición de una segunda escritura y otros dueños, porque los peritos nunca estuvieron en el lugar para poder emitir su dictamen.
Así también presentaron quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal en contra el juez y las magistradas por la parcialidad a favor de Pedro y Domitila, y denuncias ante la Fiscalía General de la República y ante la Fiscalía General de Oaxaca contra Pedro Martínez, Domitila Guzmán, Silvia Holm y sus hijos, por los delitos de falsedad en declaraciones, simulación de actos jurídicos, uso de documentos falsos y fraude procesal en contra de la comunidad de San Francisco Cozoaltepec; entre otras acciones jurídicas.
“Por eso hago un llamado a las diferentes autoridades que nos ayuden y que analicen a fondo todas estas irregularidades que han llevado a la condena de un pago del estado en favor de particulares”, expresa Antonio Velázquez.