“Si no hay pronta intervención de la Fiscalía del Estado, existe la posibilidad de una huelga de hambre”, indicaron a un medio regional, luego de que denunciaran tratos indignos de las autoridades de Teojomulco y la falta de intervención del gobierno del estado.
Las autoridades municipales mantienen en prisión a Érika Marina Díaz Martínez y Rubén Gutiérrez Silva desde el pasado 29 de mayo de 2022, además de a otras personas, sin informar a las autoridades sobre las causas de dicha detención.
De acuerdo con la defensoría, dos de las personas permanecen privadas de su libertad acusadas de un presunto desvío de recursos de la gasolinera comunitaria, por ello dictó medidas cautelares y requirió al municipio de Teojomulco un informe sobre los hechos que se les atribuyen, además de pedir que se abstengan de “causar actos violatorios a los derechos humanos contra las dos personas detenidas, así como a sus familiares”.
Sin embargo, hasta el momento, al menos cinco personas permanecen en los separos de Teojomulco, sin que se conozca un informe oficial sobre sus estados de salud, mental y físico.
En una denuncia pública a medios de comunicación los afectados indicaron que se les exige pagar más de 10 millones de pesos, además de trabajo forzoso y varios meses de encarcelamiento.
Los familiares de otros presos señalaron que las autoridades municipales no proporcionan alimentos, sino que son los familiares quienes tienen la obligación de llevarles la comida. Además, la visita a los presos solo dura 20 minutos, un día a la semana.
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Además, indicaron que las autoridades de Santo Domingo Teojomulco mantienen multas elevadas, lo que difícilmente consiguen las familias, debido a que muchos sólo se dedican a las labores del campo.
Según la denuncia pública, entre las personas retenidas de forma ilegal en la cárcel de la localidad se encuentra un bebé, ante lo cual la Defensoría ha señalado que, si bien respeta la facultad de que tiene la comunidad para resolver los conflictos dentro de su territorio, “sus resoluciones deben ser cuidadosas de no violentar derechos de grupos de atención prioritaria como lo son las niñas, niños y las mujeres”.
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De igual forma, el organismo autónomo señaló que si bien es un derecho de una madre privada de la libertad tener a su hijo con ella, también lo es que ninguna prisión es un espacio digno para que las niñas y niños puedan desarrollarse física, social y emocionalmente de forma adecuada”.
“La Defensoría sigue integrando su expediente de investigación en relación a este caso y se pronunciará próximamente por las probables violaciones a derechos humanos cometidas”, informó.
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