Oaxaca de Juárez.– La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó al Tribunal Superior de Justicia del Estado y a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) la reparación integral del daño y una disculpa pública a una mujer que fue enjuiciada en cinco ocasiones sin ningún tipo de prueba y pese a ello, la mantuvieron en la cárcel por un año y seis meses.

De acuerdo con la recomendación 07/2022, tanto el Tribunal como la Fiscalía del Estado acusaron, enjuiciaron y aprisionaron a una mujer en cinco procesos; mientras que los jueces de amparo le concedieron la libertad por irregularidades en estos procesos judiciales durante los años 2009, 2010 y 2011.

La víctima de nombre Norma es una madre soltera que fue acusada en cinco averiguaciones previas por los delitos de fraude y retención, y fue encarcelada durante un año y seis meses en las cárceles de Ixcotel y Etla.

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Durante la privación de la libertad, Norma fue separada de su hijo de entonces de seis meses de edad y de su familia. Desde la prisión luchó por su libertad y los jueces de Distrito le concedieron cinco amparos y obtuvo su libertad en los que corrigieron los errores de la Fiscalía y del Tribunal. En este lapso su madre enfermó y tuvo que vender su casa de interés social para poder afrontar los gastos del encierro.

“Norma, víctima de violación a derechos humanos fue enjuiciada cinco veces por autoridades del fuero común y en las cinco ocasiones, los jueces federales revocaron los autos de formal prisión de los jueces primero, cuarto y sexto de lo Penal del Distrito Judicial del Centro”.

La investigación de la violación por error judicial inició en el año 2014 y finalizó, en su primera etapa, con la recomendación 07/2022, emitida por la DDHPO el pasado 22 de julio de 2022, es decir, ocho años después.

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El organismo resolvió en su recomendación que el Tribunal y la Fiscalía de Oaxaca deberán reparar integralmente la violación a derechos humanos de la víctima. La reparación incluye la indemnización y una disculpa pública.

La DDHPO también resolvió que la recomendación será llevada a la Sala Constitucional del propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca “para materializarla.”

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