“Hoy en día, las comunidades de Magdalena Ocotlán y San Pedro Apóstol estamos reportando graves afectaciones en nuestro medio ambiente, ciudadanos de Magdalena ante la falta de atención y apoyo de sus autoridades locales nos están documentando de manera particular la muerte de animales, la muerte de árboles, principalmente frutales, pozos que están bajando su nivel de agua y varios, hasta el momento 3, que ya se secaron por completo.
“Además de problemas en la salud, en la piel, irritación de los ojos, en garganta, muchos problemas de las vías respiratorias y de manera alarmante tumores en niños, abortos prematuros y un crecimiento de los casos de cáncer, principalmente, en ancianos y ancianas”, señalan.
Uno de ellos sería el realizado por Conagua, en el que señala la presencia de 13 elementos químicos arriba de las normas oficiales de calidad del agua en alguno de los puntos muestreados y cinco metales arriba de las normas en todos los puntos muestreados.
No obstante, la misma comisión después aceptaría estudios realizados por la misma empresa minera, en los cuales se determinaba que las concentraciones de estos químicos estaban por debajo del límite permitido.
De la misma forma, luego de una investigación, la Profepa determinó que el derrame de jales no ocasionó la contaminación del suelo y que por lo tanto no se requería remediación.
“En San Pedro Apóstol hemos detectado desde el año pasado muerte masiva de animales, primero peces y tortugas (fauna acuática) después aves de corral (gallinas y guajolotes), gatos, perros, borrego y a final cerdos, que de acuerdo a el diagnóstico de veterinarios de la región tiene que ver con el colapso del sistema nervioso que podría ser por consumo de metales pesados, principalmente flúor”, señalan las comunidades indígenas en el comunicado firmado este jueves.
En diciembre de 2021, la Semarnat aprobó 10 años más de explotación comercial a la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines; en respuesta, organizaciones de la sociedad civil señalaron que este acto significaba el incumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno federal con las comunidades indígenas de Oaxaca.
Según la denuncia de las organizaciones, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, realizó compromisos con las comunidades el 25 de octubre de 2021, en el sentido de no extender los permisos a la minera, sin embargo, en diciembre pasado dichos compromisos suscritos fueron ignorados por las autoridades federales.