Oaxaca.– Este martes se realiza la primera audiencia por violación sexual cometido en San Pedro Comitancillo, Oaxaca. “Esperamos que la resolución mantenga al imputado en prisión oficiosa. Requerimos rectitud judicial, honestidad y cero impunidades”, exigieron la Red de Futuros Indígenas y organizaciones de mujeres indígenas de Mesoamérica.
A cinco meses de que se cometiera el crimen, este martes 26 de mayo se realiza la primera audiencia contra uno de los agresores en el Juzgado de Control de Tehuantepec, a cargo del juez Omar Morales Simón, por lo que organizaciones exigen que se aplique todo el peso de la ley.
“Exigimos que la situación jurídica se resuelva conforme a la ley y los datos de prueba que se han presentado”, demandan.
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Los hechos ocurrieron durante la noche del 29 y la madrugada del 30 de diciembre de 2025, donde dos hombres, a base de golpes, sometieron a la víctima para realizar la violación. Uno de los agresores está prófugo de la justicia, mientras que el otro se encuentra en prisión preventiva.
No es la primera vez que ocurren estos hechos violentos en contra de las mujeres en San Pedro Comitancillo, ubicada en el Istmo de Tehuantepec. El 22 de octubre del 2015, cuatro hombres cometieron el mismo delito de violación y abuso sexual en este mismo municipio.
De acuerdo con el pronunciamiento de las organizaciones para exigir justicia para la víctima, el 95% de los feminicidios y crímenes sexuales cometidos en Oaxaca quedan impunes.
“Ese número no es una estadística: es el peso de un sistema que decide sistemáticamente que las mujeres no merecen justicia. Existe una deuda histórica de los jueces y tribunales con las denunciantes”, externaron.
La región del Istmo de Tehuantepec registra el mayor porcentaje de feminicidios en el estado de Oaxaca desde diciembre de 2022 a diciembre de 2025, según datos del Observatorio de Violencia Feminicida del Grupo de Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer).
Por ejemplo, en 2025 se documentaron 85 feminicidios en el estado, el 30% concentrados en el Istmo de Tehuantepec, tal es el caso de Pijy, una joven ayuujk a quien le suplantaron la identidad para ‘perdonar’ a su violador.
“El Estado demostró hasta dónde llega su complicidad. O el caso de María Elena R., saxofonista atacada con ácido, lleva más de seis años exigiendo una sentencia”, firmaron organizaciones como el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta A.C, Colectiva Luchadoras, Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca, Fondo Defensores, Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Red Nacional de Abogadas Indígenas, entre otros.
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