Un juez federal admitió un amparo promovido por habitantes de Puerto Escondido, destino turístico de playa de Oaxaca, contra autoridades de los tres niveles de gobierno por las descargas de aguas residuales y las deficiencias del sistema de saneamiento que afectan las playas y el ecosistema costero.
En la demanda, los habitantes reclamaron las omisiones en la operación, mantenimiento, vigilancia y saneamiento de cárcamos, colectores, redes de drenaje y plantas de tratamiento.
Los habitantes también solicitaron la suspensión para que, mientras se resuelve el amparo, las autoridades adopten medidas para prevenir nuevas descargas, revisar la infraestructura sanitaria, identificar puntos críticos, mantener el monitoreo de la calidad del agua y activar mecanismos de respuesta ante fallas de bombeo, lluvias intensas u otras contingencias.
En la demanda de amparo, señalaron que el problema rebasa una descarga aislada y documentaron antecedentes de contaminación y deficiencias de saneamiento desde el 2019, así como reparaciones e inversiones públicas que no han eliminado las causas que permiten que las aguas residuales vuelvan a alcanzar la costa.
Por ejemplo, mencionaron que durante 2026 se registraron nuevos episodios. En abril, una interrupción eléctrica afectó el sistema de bombeo y posteriormente las lluvias volvieron a superar la capacidad de la infraestructura; mientras que en julio, Playa Principal fue clasificada temporalmente como no apta para actividades recreativas de contacto directo después de que un monitoreo detectó niveles de enterococos superiores al parámetro sanitario.
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Posteriormente, un muestreo permitió reclasificarla como apta. Sin embargo, aseguraron que este cambio sanitario no resuelve el problema de fondo.
La demanda centra el reclamo en la vulnerabilidad de la infraestructura y en la posibilidad de que una nueva falla eléctrica, saturación de colectores o deficiencia en el tratamiento vuelva a llevar aguas residuales hasta las playas.
El Gobierno de Oaxaca anunció en julio una inversión de 64 millones de pesos para acciones de agua potable y saneamiento en Puerto Escondido y Santa María Colotepec. Los trabajos incluyen intervenciones en cárcamos, colectores y las plantas de tratamiento Punta Colorada 1 y 2.
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Estos anuncios, dijeron, muestran que las propias autoridades conocen el deterioro del sistema y la necesidad de una intervención de mayor alcance.
Los habitantes de Puerto Escondido están representados por el abogado Manuel de Jesús Silva Sumano y cuentan con la participación de Litigio Estratégico Indígena A. C.
Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena, explicó que el amparo también plantea el interés legítimo de las personas que habitan Puerto Escondido para defender judicialmente el ecosistema del que forman parte.
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“La demanda retoma la doctrina del entorno adyacente, desarrollada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a la cual una persona puede acudir al juicio de amparo cuando habita o utiliza el área de influencia de un ecosistema y recibe directamente sus servicios ambientales”.
También, aclaró que la admisión de la demanda abre el proceso judicial, pero todavía no significa que el amparo haya sido concedido.
“Las autoridades responsables deberán rendir sus informes y el juzgado determinará si las omisiones reclamadas vulneran los derechos al medio ambiente sano, al agua, al saneamiento y a la salud”.
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Y precisó que el fondo del litigio se concentra en una pregunta concreta: si las reparaciones realizadas después de cada contingencia son suficientes o si las autoridades deben corregir las causas estructurales que permiten que las aguas residuales vuelvan a llegar al mar.
El juicio involucra, entre otras autoridades, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno del Estado de Oaxaca, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar y los ayuntamientos de San Pedro Mixtepec y Santa María Colotepec. Y fue admitido por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz.
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