Los otros desplazados de Atatlahuca: 58 familias siguen sin hogar por violencia en Mixteca de Oaxaca

Atatlahuca.— Jesús E. tose y su respiración se pausa mientras explica qué fue lo que le hizo dejar Guerrero Grande. Otras 15 personas están enfermas como él por las bajas temperaturas, que en las últimas semanas han descendido  casi a  cero grados en esta zona de la Mixteca de Oaxaca. 

Jesús recuerda que el pasado 1 de octubre un grupo de personas incendió más de medio centenar de casas, tras una disputa interna en su comunidad. Fue ese día cuando él también decidió dejar su hogar.   

“Estamos esperando que vuelva la defensoría para ver qué pasará con nuestras viviendas. A todas las familias que están acá les quemaron sus casas y con ello, documentos, y todo lo que tenían”, recuerda. 

Como Jesús,  58 familias de Guerrero Grande continúan en el albergue escolar indígena ubicado en la cabecera municipal de San Esteban Atatlahuca, tras un ataque  ocurrido el  pasado primero de octubre, antes del deplazamiento masivo que se registró en esa comunidad cuando escaló el conflicto entre dos grupos antagónicos. 

Los estragos de más de dos meses de vivir sin techo  se manifiestan en su salud y unas  15 personas, principalmente mujeres mayores, padecen problemas respiratorios, sin que puedan ser atendidas por la falta de sus documentos.   

Aunque varias familias han pedido posada con  familiares y sólo toman sus alimentos aquí,   la mayoría  duerme en el albergue. En uno de los cuartos, una mujer de poco más de 30 años está embarazada y con fiebre. En la cama que está al frente, un joven menor de edad, también tiene  fiebre y tos, mientras su hermana cuida de él.

“Estamos en una situación crítica, pero las instituciones no se han acercado, para ver nuestras necesidades”, señalan.

En los más de dos meses de desplazamiento forzado que han vivido estas familias sólo ha acudido la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) a verificar la violación a sus derechos.

Los apoyos en especie tampoco han sido suficientes. Aseguran, por ejemplo, que sólo en dos ocasiones les han   entregado  despensas de la Secretaría General de Gobierno (Segego), que también  facilitó 70 colchonetas para 160 personas.

“Los apoyos vienen de nuestros familiares, vecinos del municipio y de la Ciudad de México”, señala Gabriela Cruz, una de las desplazadas. 

Seguridad para cosechar

Foto: Juana García

“Al menos que nos digan si hay seguridad para ir a nuestro pueblo para levantar nuestra cosecha”, se escucha hablar casi en coro a las personas en el albergue de Atatlahuca.

Entre sollozos, Claudia lamenta su situación y dice que, tal vez es mejor irse con sus familiares a la Ciudad de México, pero luego, analiza y cuestiona: “¿Quién levantará mi cosecha? ¿Qué pasará con mi terreno y mis animales?”, aunque no sabe de ellos desde que huyó hace más de dos meses.

Guerrero Grande es una comunidad de 264 habitantes según el censo 2020 del Inegi, cuya actividad principal es la agricultura, pese a que San Esteban Atatlahuca participa en el uso responsable de bosques, donde permiten la tala de árboles.

Como Claudia G.,  otras mujeres hablan en voz alta: “Las autoridades deberían de garantizar nuestra seguridad para ingresar a nuestros terrenos a levantar la cosecha”, claman. 

Su preocupación está más que justificada. Durante todo el año las  familias de Guerrero Grande siembran maíz y frijol apenas para subsistir. Por ello es tan  importante pizcar antes de que el trabajo anual se eche a perder y se queden sin sustento todo el próximo año. 

 Pese a esa preocupación, es el miedo lo que le impide a los pobladores volver por su cosecha. Dionisio, por ejemplo, recuerda que  cuando retuvieron a uno de sus compañeros y fue a rescatarlo, perdió uno de sus dientes superiores, por lo que está  convencido de que  no existe seguridad para ir a Guerrero Grande a recoger su cosecha.

La síndica municipal de San Esteban Atatlahuca, Maribel Velasco García, dice que pese a esta situación, no hay fecha para que las familias retornen a Guerrero Grande, porque no tienen dónde vivir.  Ni los   gobiernos estatal o federal  han abordado el tema del posible regreso. 

Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), explica  que en Atatlahuca la violencia sigue presente y acusa al Estado mexicano de ser generador de conflictos, al incumplir con los protocolos internacionales para las víctimas de violencia.

Esto, explica, porque otro grupo de 75 familias que también fueron  desplazadas durante los ataques en Guerrero Grande, los días 21, 22 y 23 de octubre ya regresaron a la comunidad, pero viven hacinadas en un albergue improvisado en la agencia municipal, porque también sus casas fueron incendiadas.

 Urge Defensoría a legislar fenómeno 

Foto: Juan García

Ante el conflicto que vive  Atatlahuca  el defensor Bernardo Rodríguez Alamilla urge la necesidad de crear una Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno en  Oaxaca, que permitiría que las personas desplazadas tengan garantizados sus derechos de seguridad, alimentación, alojamiento, servicios médicos, de saneamiento y principalmente, que no se violen sus derechos humanos.

 “Es importante construir mecanismos legales e institucionales de reacción inmediata que permita atender de manera humanitaria o bajo enfoque de derechos a las personas desplazadas, particularmente a las  que están en mayor riesgo:  niñas, niños, mujeres embarazadas y con hijos pequeños y adultos mayores”, sostiene.