En las comunidades El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas del municipio de San Pablo Cuatro Venados, cuyos territorios están concesionados para minería, aseguró que han sufrido hostigamiento, amenazas y violaciones a sus derechos.
Desde 2005, por medio de la Asamblea general acordaron hacer frente de manera legal contra la compañía minera Natividad y anexos y la Secretaría de Economía por emitir las concesiones vigentes en su territorio, por localizarse en zonas que abastecen de agua a dichas comunidades.
Sin embargo, informó que las actividades mineras se están desarrollando de manera ilegal al no contar con los permisos ambientales correspondientes.
En 2015, interpusieron el amparo y en octubre de 2019 resuelve realizar la consulta a los habitantes de Capulalpam, ante lo que la comunidad se ampara.
En San Pedro Quiatoni la empresa minera ha solicitado permisos de estudios desde 2005 – 2006 mismos que se empezaron a realizar en 2010.
Aquí, en el año 2011 se levantó un acta de asamblea donde la comunidad acordó prohibir los estudios de exploración y la minería y, nombraron un Comité de defensa del territorio para dar la lucha legal y movilizaciones en 2020 y 2021.
En Santa María Chimalapa, menciona, la comunidad se ha declarado en contra de la explotación minera, para “garantizar la preservación de la vida, los recursos naturales y bienes de nuestro territorio”.
“Todas estas concesiones emitidas por la Secretaría de Economía con una vigencia de 50 años, las cuales se sobreponen sobre las tierras de agricultura, fuentes de agua, centros de población y espacios públicos. Estas concesiones mineras no tienen el consentimiento y permiso de nuestras asambleas generales, esto significa que se violentan sistemáticamente nuestros derechos”, denuncia.
Estas concesiones fueron otorgadas a las empresas mineras: Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V., Minera Aurea S.A. de C.V., Cia Minera y Metalúrgica Ejutla S.A. de C.V. y Faustino Reyes Ruiz.