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Por ello, señalan los asesores jurídicos de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, municipio del Istmo de Tehuantepec, en el que está proyectada la central eólica, la comisión tiene la posibilidad de “cancelar el contrato leonino que establece beneficios y derechos a la empresa extranjera en detrimento del patrimonio de CFE”.
“Existe una bonificación para cubrir los costos de la tarifa de transmisión de energía eléctrica y de la tarifa de operación del centro nacional de control de energía asociados con la energía producida por este parque, hasta por la energía contratada.
“En ese sentido, los costos por compra y transmisión de la energía los asume CFE, suministrador de servicios básicos, siendo CFE el encargado de mantener y operar las líneas de transmisión y toda la infraestructura eléctrica, generando una situación ventajosa para el vendedor y una desigualdad en la competencia para CFE, quien produce y opera el sistema eléctrico nacional creado a través del presupuesto público”, explica ProDESC.
Partiendo de estos y otros abusos, firmados en el marco de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impulsadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, la comunidad presentó una solicitud de cancelación de la central.
Los comuneros que se oponen al parque señalan que EDF presentó ante la Secretaría de Energía (Sener) la Evaluación de Impacto Social de su proyecto eólico en Unión Hidalgo; en las conclusiones, afirman, reconoce los impactos negativos del proyecto.
Además, hacen hincapié en la existencia de grupos de poder y conflictos de intereses de carácter multifactorial, por lo que “el efecto de este proyecto en las comunidades podría ser grave, generando una posible violación a los derechos humanos y colectivos, así como descomposición social”, en caso de no prever mecanismos participativos que aseguren la adecuada implementación de medidas de prevención, mitigación, compensación.
