Municipios | 27-04-22 | 23:04 | Actualizada | 27-04-22 | 23:04 |
Juchitán de Zaragoza.—  El 1 de enero 2019, la empresa Eólica de Oaxaca, filial de la compañía transnacional Électricité de France (EDF), debió arrancar operaciones comerciales de su parque Gunaa Sicarú, como se estipula en el título de permiso E/1922/GEN/2017, pero no lo hizo, lo que permite y da el derecho a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de terminar, sin perjuicio, el contrato firmado por 30 años.

Juan Antonio López, coordinador de Justicia Transnacional del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) subraya que el proyecto Gunaa Sicarú no ha sido construido, excediendo los términos establecidos en el contrato firmado por la compañía francesa con la comisión.

Por ello, señalan los asesores jurídicos de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, municipio del Istmo de Tehuantepec, en el que está proyectada la central eólica, la comisión tiene la posibilidad de “cancelar el contrato leonino que establece beneficios y derechos a la empresa extranjera en detrimento del patrimonio de CFE”.

En una solicitud de cancelación del parque presentada hace una semana  al director de la CFE, Manuel Bartlett, la comunidad de Unión Hidalgo destacó que los contratos con EDF firmados en 2017 son claramente ventajosos para la empresa francesa, ya que la comisión debe pagar a la trasnacional bonificaciones para cubrir los costos por compra y transmisión de la energía.

“Existe una bonificación para cubrir los costos de la tarifa de transmisión de energía eléctrica y de la tarifa de operación del centro nacional de control de energía asociados con la energía producida por este parque, hasta por la energía contratada.

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“En ese sentido, los costos por compra y transmisión de la energía los asume CFE, suministrador de servicios básicos, siendo CFE el encargado de mantener y operar las líneas de transmisión y toda la infraestructura eléctrica, generando una situación ventajosa para el vendedor y una desigualdad en la competencia para CFE, quien produce y opera el sistema eléctrico nacional creado a través del presupuesto público”, explica ProDESC.

Partiendo de estos y otros abusos, firmados en el marco de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica impulsadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto,  la comunidad presentó una solicitud de cancelación de la central.

Los comuneros que se oponen al parque señalan que EDF presentó ante la Secretaría de Energía (Sener) la Evaluación de Impacto Social de su proyecto  eólico en Unión Hidalgo; en las conclusiones, afirman, reconoce los impactos negativos del proyecto.

“Las significación social de la central eólica Gunaa Sicarú se sitúa entre los parámetros de moderado-alto en los impactos negativos, principalmente por el efecto acumulativo que genera la existencia de múltiples proyectos eólicos en la zona y la inconformidad que se ha generado en algunos grupos que se han declarado abiertamente antieólicos”, acusan.

Además, hacen hincapié en la existencia de grupos de poder y conflictos de intereses de carácter multifactorial, por lo que “el efecto de este proyecto en las comunidades podría ser grave, generando una posible violación a los derechos humanos y colectivos, así como descomposición social”, en caso de no prever mecanismos participativos que aseguren la adecuada implementación de medidas de prevención, mitigación, compensación.

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