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Juchitán de Zaragoza.— Por tercer día consecutivo, indígenas mixes de los municipios de Matías Romero, San Juan Mazatlán y San Juan Guichicovi protestan en la zona norte del Istmo de Tehuantepec con un bloqueo sobre las vías del Tren Transístmico, en las inmediaciones del punto conocido como Rancho Ganado Oaxaca.
Los campesinos demandan reparaciones al tendido eléctrico que constantemente presentan fallas y apagones; además, exigen que frenen las altas tarifas eléctricas. Las acciones forman parte de la Jornada Regional en Defensa de los Derechos de los Pueblos del Istmo, que comenzó el pasado lunes con bloqueos sobre la carretera Transístmica.
De acuerdo con los voceros de esta jornada de protestas, Albino Pedro y Mario García, los manifestantes también reclaman que las autoridades estatales y federales reconstruyan las escuelas que fueron dañadas por el terremoto del 7 de septiembre de 2017 y piden apoyos para los productores de maíz. "Resulta inadmisible que los pueblos indígenas sigan en el olvido", señalaron.
En la protesta, los campesinos mixes exigen que las autoridades informen sobre la modernización de las vías del Tren Transístmico. Las asambleas informativas y consultivas, programadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quedaron suspendidas desde marzo del año pasado debido a la pandemia de Covid-19. Por ahora, gran parte de los trabajos de rehabilitación de las vías están paralizados.
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Por otro lado, alrededor de 100 campesinos del ejido San Juan Guichicovi iniciaron un bloqueo en la carretera Transístmica, a la altura de la desviación a Mogoñe, en espera de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) cumpla con el acuerdo de resolver un conflicto agrario con ejidatarios de la comunidad El Zacatal, asi como información y consulta sobre el Corredor Interoceánico.
El pasado 26 de febrero, EL UNIVERSAL publicó que de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no existe forma de acreditar que el gobierno federal haya realizado una consulta a los pueblos originarios que serán afectados por el proyecto, tal y como está obligado por convenios internacionales.
Además, desde 2020 se han contabilizado al menos 36 expulsiones de cuadrillas de trabajadores que pretenden iniciar los trabajos pero sin contar con el permiso de las comunidades para entrar a sus territorios.
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