Juchitán.- El Comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Huamelula denunció que existe incertidumbre, falta de información y desinformación respecto de los impactos que tendrá sobre sus tierras la ampliación y modernización del proyecto federal del eje carretero Salina Cruz–Zihuatanejo, sobre la carretera federal Mex-200.

Este corredor, explicó, conecta con importantes polos turísticos como Acapulco, Puerto Escondido y Huatulco.

A esta situación, señaló, se suma una creciente presión sobre sus tierras comunales mediante la venta y promoción de terrenos a inversionistas y personas ajenas a la comunidad, la tala y quema de bosques y selva baja; así como la extracción y saqueo de materiales pétreos como arena, grava y material de relleno, para su utilización en obras y rellenos en zonas costeras y playas de manera ilegal.

“Estas prácticas amenazan directamente manglares, selva baja caducifolia, bosques, humedales, dunas y demás sistemas costeros, poniendo en riesgo la flora y fauna nativa, los cuerpos de agua y los bienes naturales que pertenecen a la comunidad”, alertó.

El Comisariado de Bienes Comunales también se deslindó de la organización denominada Unión de Ejidos y Comunidades Agrarias Costa Istmo (UNECACI) y de cualquier persona que pretenda hablar, gestionar, negociar, representar o tomar decisiones en nombre de San Pedro Huamelula sin contar con mandato legítimo de la Asamblea de Comuneros.

“Alertamos sobre cualquier intento de utilizar, suplantar o atribuir la identidad y representación de nuestra comunidad para impulsar intereses particulares o realizar gestiones ajenas a los acuerdos de nuestras asambleas”.

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Respecto a una persona de nombre Alfredo Manuel Mena Alonso, la comunidad aseguró que éste no cuenta con mandato vigente de la asamblea para fungir como asesor, representante, gestor o portavoz de San Pedro Huamelula.

Finalmente, exigió información completa, pública y transparente sobre el eje carretero Salina Cruz–Zihuatanejo y sus impactos sobre las tierras comunales, respeto irrestricto a los derechos agrarios y colectivos de la comunidad, y que ninguna autoridad, empresa, organización o particular negocie o gestione sus tierras sin autorización de la Asamblea.

Además, solicitó investigación y esclarecimiento de las actividades de extracción, tala, quema, relleno y aprovechamiento de materiales que afectan su territorio, entre otras demandas.

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