La asamblea comunitaria de San Pedro Totolápam acordó expulsar a las organizaciones sindicales que mantienen contratos con la empresa minera Don David Gold, la cual desde hace más de 17 años realiza la explotación de oro y plata, de acuerdo con la comunidad.
Según los comuneros, el motivo de la expulsión es por el robo de minerales que son transportados hacia los puertos de Manzanillo, Colima, y a Torreón, Coahuila, a través de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) que en Oaxaca presuntamente está ligada a Marco Antonio Sánchez Cruz, quien estuvo preso y fue investigado por delincuencia organizada.
En este robo de minerales, aseguró, también está implicado el representante legal de la empresa minera Oscar Lara. Explicó que emiten facturas fraudulentas cobradas de manera irregular por parte de empresas afines a la CTM, dirigidas por Saúl Molina.
“En Asamblea General se determinó la salida inmediata de todos los sindicatos en el territorio de San Pedro Totolápam, principalmente por la ola de violencia y muertes que ha desatado Marco Antonio Sánchez Cruz. Así también, se nombró persona no grata a Oscar Lara por los vínculos que teje a los más altos niveles con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para lograr los permisos de los explosivos para el próximo año 2027, sin la autorización expresa del municipio y del comisariado ejidal”.
Oscar Lara, aseguró, prometió a algunos habitantes separar y crear otro municipio con el fin de lograr la continuidad de las operaciones de la mina.
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La comunidad informó que actualmente pretenden renovar los contratos para continuar “lucrando y especulando” financieramente con las tierras ejidales. Y mencionó a Francisco Javier Reyes de la Campa, actualmente CEO de Gold Group Mining.
“Él continúa obteniendo recursos para su propio beneficio, recordemos que fue el responsable de la debacle de Accendo Banco, y el cual desfalcó a cientos de personas lo que lo llevó a enfrentar procesos legales e incluso la cárcel por el delito de administración fraudulenta. Está en juego un negocio millonario para los capitales extranjeros y que dejan sólo problemas en las comunidades”, afirmó en un comunicado.
La asamblea comunitaria señaló que uno de los problemas es el derrame de metales pesados y que por años la minera ha hecho caso omiso; derrame que se extiende por más de un kilómetro acercándose peligrosamente al río que actualmente alimenta de agua a la comunidades cercanas.
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Esto, señaló, pone en riesgo la continuidad de operaciones de la mina para el próximo año 2027, específicamente en septiembre que es donde se daría por terminado el contrato de arrendamiento de tierras por parte del ejido de San Pedro Totolápam.
“Las reformas vigentes a la Ley Minera exigen el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas para cualquier prórroga o nueva concesión. Sin el aval de la asamblea de San Pedro Totolápam, la renovación formal de la concesión para el lote El Águila resulta ilegal y socialmente inviable”.
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