Sólo tras presión social, muertes violentas de mujeres se indagan como feminicidio en el Istmo de Oaxaca

Un día antes de la audiencia contra un hombre acusado de  violar y asesinar a una bebé de seis meses  de San Francisco  del Mar, en el Juzgado de Garantías de Juchitán, la abogada de la familia de la pequeña  e integrantes del Grupo de Mujeres 8 de Marzo, que respaldaban con asesoría legal y sicológica, se movilizaron  para presionar a la jueza de Control para reclasificar el caso de homicidio simple, como se tenía, a feminicidio. 

Durante 24 horas emprendieron  una campaña mediática y  movilizaciones, presentando los argumentos legales de por qué el caso debía de ser tipificado como feminicidio, tal y como lo ordenó la Fiscalía Especializada  por Razón de Género. 

Por ejemplo,  que el  crimen tenía todas las características que menciona el artículo 411 del Código Penal de Oaxaca para catalogar un feminicidio: la bebé fue asfixiada y violada por su padrastro, una muestra de odio por ser mujer. Después de la  presión, el caso fue reclasificado.  Era  abril de 2020.

 Ocho meses después, también en el Istmo pero  ahora en Unión Hidalgo,  Bertha  de 22 años   fue atacada por su  esposo en su casa. Era el 25 de diciembre. La organización nuevamente hizo un llamado a las instancias  de justicia  tras la detención del agresor y exigió que tipificara  como  feminicidio.

En febrero,  otro caso  llegó a manos de la misma organización, el de Carolina,  asesinada por su pareja. 

Se emprendió el mismo procedimiento: una gran movilización para que el  caso llegara al juzgado como feminicidio. La  justicia en esta ocasión actuó un poco más rápido por la presión e interés que despertó  en la sociedad istmeña la fuerza de  Carolina, quien  luchó  14 días en un hospital, pero falleció por las lesiones. 

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Pero no todos los casos de asesinatos de mujeres que han llegado al Centro de Atención y Ayuda a la Mujer Istmeña (CAAMI) de Juchitán y que pertenece al Grupo de Mujeres 8 de Marzo han recibido  justicia, muchos quedan en la  impunidad, sin siquiera una denuncia  penal.

Claudia  Hernández, responsable  del CAAMI, explica que en los cuatro casos  que han   atendido entre 2020 y 2021  lograron la  reclasificación a feminicidio, pero  por la gran presión que ejercieron al movilizarse con marchas y protestas en los  juzgados, así como por mostrar las omisiones en la investigación, los vacíos legales y las   injusticias de los jueces. 

“Existe una serie de pruebas que  la fiscalía realiza para basar  la clasificación, aquí es donde los abogados deben de estar preparados para pelear y demostrar las fallas, pero muchas familias no continúan con el proceso por muchas razones, como  la pobreza o  el miedo”, explica.

Una gran deuda

Foto: Roselia Chaca

Pero no en todos los casos  en la región  se ha logrado procesar a los agresores por violencia  feminicida. El de Lizaldi, por ejemplo, atacada a machetazos por un vecino que intentó violarla.  A pesar  de las movilizaciones, el agresor  fue procesado por posesión  de drogas.

“Hay mucha impunidad en la región y en el estado. Son  contados los casos que logran  justicia. En 2020 en el Istmo  se registraron más de 20 feminicidios y menos de la mitad fue clasificado como tal. Se necesita  mucho que se juzgue con perspectiva de género; mientras, se ejerce presión, pero a veces impera la injusticia”, dice Claudia Hernández. 

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Los números le dan la razón. Aunque según  Rubén Vasconcelos, quien acaba de renunciar al cargo de fiscal general, en los últimos tres años se resolvieron 75% de los feminicidios en Oaxaca, entre 2017 y 2020, años en los que ostentó el cargo, sólo 28% del total de muertes violentas de mujeres se indagaron bajo ese tipo penal. 

De las 524 muertes violentas de mujeres que se han cometido en Oaxaca en esos años, sólo 149 se investigaron como feminicidio, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), o que representa un 28% del total. En otras palabras, menos de 3 asesinatos de mujeres  de cada 10 se indagaron como feminicidio en ese periodo. 

Este 2021, por ejemplo, en la región del Istmo de Tehuantepec, donde se reportan los casos que ha acompañado el Grupo de Mujeres 8 de Marzo, de los cuatro asesinatos de mujeres que se han cometido en el año, sólo 1 se indaga como feminicidio.