Tras censo de desplazados en Oaxaca, vigilar para que se repare el daño a familias de Atatlahuca
Más de tres meses de la violencia que dejó cientos de desplazados en Atatlahuca, acuden instancias federales a realizar diagnóstico; otras 58 familias fueron excluidas de las acciones
Juxtlahuaca.— Más de tres meses tuvieron que pasar desde que la violencia estalló en San Esteban Atatlahuca para que un grupo interdisciplinario de dependencias federales, presionadas por organismos internacionales, visitara la zona, en donde ataques armados obligaron al desplazamiento forzado interno de decenas de familias de la Mixteca.
La visita ocurrió mes y medio después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de las familias desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji, comunidades de Atatlahuca. Entre las instituciones que recorrieron la zona, además de las del gobierno estatal, están la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Según Andrés Olea Aniceto, coordinador general en la Mixteca de la Secretaría General del Gobierno de Oaxaca (Segego), las instituciones que asistieron el 8 y 9 de febrero, lo hicieron a Guerrero Grande y a las instalaciones del albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), en Tlaxiaco.
De acuerdo con Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C. (Cedhapi), con la visita de los funcionarios se cumplió con realizar el diagnóstico en las comunidades afectadas.
“Después del dictamen para censar a las familias y los daños que se causaron, entramos en un procedimiento de vigilancia para que la reparación de daños vaya caminando prontamente. De lo contario, estaremos exigiendo una mesa de trabajo a la Comisión Interamericana, para que el gobierno rinda cuentas”, detalló a EL UNIVERSAL.
Será en los próximos días cuando las instituciones den a conocer el número de personas desplazadas y de viviendas afectadas por el conflicto.
Para Valeriano Riaño, encargado del comité del grupo de familias desplazadas de Ndoyonoyuji, refugiados en el albergue del INPI, la visita de los funcionarios no fue suficiente.
“Tenemos más de 30 niños en el albergue y ninguna dependencia de educación se ha acercado para preguntar si reciben clases. Queremos justicia por nuestros compañeros desaparecidos y reparación de daños de nuestras casas incendiadas”.
También, recordó, desde semanas atrás las familias refugiadas en el albergue se han quedado sin víveres, sin que dependencias atiendan la crisis alimentaria, situación que ha sido denunciada por este medio.
Foto: Cortesía
Esto es grave, expresa el presidente de la Cedhapi, porque no existen condiciones de seguridad para que las familias desplazadas de Ndoyonoyuji regresen a su comunidad.
Los excluidos
Pese al avance que representa la visita del gobierno federal, 58 familias refugiadas en un albergue de la cabecera de Atatlahuca no están incluidas en las medidas de la CIDH, por lo que no fueron parte del diagnóstico, explica Andrés Olea, funcionario de Segego, quien agrega que se hizo para cumplir con las medidas ordenadas por el organismo internacional.
“Fue el presidente de Cedhapi, Maurilio Santiago, quien gestionó las medidas cautelares para un grupo de desplazados, por ello, no todos estaban contemplados. Sin embargo, nosotros seguimos gestionando las mesas de diálogo”, detalla.
Maribel Velasco García, síndica municipal de San Esteban Atatlahuca, confirma que las 58 familias desplazadas de Guerrero Grande, desde el pasado 1 de octubre, no están contempladas en las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Y agrega que también quedaron fuera de la mesa interdisciplinaria que llevan a cabo las autoridades por el tema de los desplazados de las comunidades en conflicto.
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“No sabemos nada, no nos han notificado de las medidas cautelares, ni nos han pedido información sobre las otras familias desplazadas, estamos aislados, básicamente”, señala.
“Hemos solicitado audiencia con el titular de la fiscalía, con el gobernador, pero no se nos ha atendido. Hemos estado pidiendo que al menos las familias puedan entrar a levantar su cosecha, pero no se ha logrado”.
El primer día de trabajo de la visita de las dependencias federales en Guerrero Grande, sólo la Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, Norma Reyes Terán, acudió a verificar las condiciones de las otras 58 familias. Olea Aniceto, de la Segego, detalla que las personas insisten en entrar a cosechar, pero el grupo que ya regresó a Guerrero Grande no ha facilitado los diálogos.
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“En la última mesa de diálogo, para que se dieran estas condiciones, se hizo una reunión de reconciliación en una comunidad distinta, para evitar confrontaciones, pero no hubo apoyo por parte de los compañeros de Guerrero Grande, seguiremos insistiendo”.
El funcionario estatal invitó a las familias a dialogar para generar las condiciones entre los grupos y poder avanzar en las mesas de trabajo.
“Hemos entendido el sentido de nuestro trabajo y es tratar de acercar a las partes a un dialogo, solo buscamos la mediación para lograr acuerdos y damos acompañamiento. Ellos piensan que un funcionario público esta exclusivo de un lado u otro, pero no es así”, finaliza el coordinador de la Segego.
