Juchitán, Oax.- Elementos de Seguridad Pública del estado de Chiapas, a bordo de patrullas, ingresaron desde ayer a los ejidos chiapanecos que se encuentran asentados en territorio de los Chimalapas.
La comunidad de San Miguel Chimalapa denunció que esta irrupción representa una violación a la soberanía del estado de Oaxaca, y exigió la intervención del gobierno de Salomón Jara Cruz ante estos hechos.
Elementos de seguridad de Chiapas ingresaron a ejidos chiapanecos en territorio oaxaqueño. Foto: Especial.
La presencia de seguridad pública de Chiapas en estos ejidos ocurre luego de que San Miguel Chimapala, el pasado 5 de agosto, dio un plazo de 30 días para disolver el ejido Gustavo Díaz Ordaz, y que sus pobladores se asuman como comuneros de la comunidad y se sujeten a los estatutos o normas comunales.
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Desde mediados de la década de los sesenta, pobladores provenientes del estado de Chiapas invadieron territorio oaxaqueños y fundaron los ejidos Canaán y Cal y Mayor, Rodolfo Figueroa, Flor de Chiapas, Ramón E. Balboa y Gustavo Díaz Ordaz; poblaciones a las que el gobierno de Chiapas le dio reconocimiento oficial, pese a estar asentados en territorio oaxaqueños.
Las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa han reclamado la propiedad de esas tierras, las cuales ya fueron reconocidas como tales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Sin embargo, el Tribunal Unitario Agrario ha emitido sentencias en las que reconoce los ejidos chiapanecos y únicamente ha ordenado una indemnización o compensación económica a los chimalapas por las tierras invadidas y de las que fueron despojadas.
El 5 de agosto, alrededor de 400 integrantes de la comunidad de San Miguel Chimalapa acudieron al ejido Gustavo Díaz Ordaz para proponerles un plan de conciliación y evitar cualquier hecho de violencia por este conflicto agrario; pero la condición es la disolución del ejido, y que sus habitantes se asuman como comuneros.
En ese momento dieron un plazo de 30 días para disolver el ejido. De no realizarse, responsabilizan a las autoridades estatales y federales de cualquier cosa que pueda ocurrir a partir de la fecha límite.
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Hasta ahora, los gobiernos de Oaxaca y Chiapas no se han manifestado ante este emplazamiento; sin embargo, la presencia de seguridad pública en los ejidos chiapanecos, se considera como una medida de disuasión de cualquier hecho de violencia.
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