Consulta para Ley Indígena es “al vapor”; Comité en Defensa de los Chimalapas demanda debate público

El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas aseguró que es realizada “al vapor” la consulta sobre la propuesta de iniciativa del gobierno federal de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, por lo que demandó un debate público entre expertos y especialistas “como un acto democrático y de buena fe”.

Lo anterior, dijo, con el objetivo común de obtener un instrumento jurídico “ejemplar”, para entonces someterlo a un proceso de información previa y libre entre los pueblos y comunidades.

Actualmente, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) realiza la “Jornada Nacional de Entrega de Información del Proceso de Consulta Previa, Libre e Informada” sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, presentada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

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Según el INPI, durante esta jornada visitarán las 16 mil 728 comunidades indígenas y afromexicanas para entregar la convocatoria, el protocolo del proceso de consulta, la propuesta de iniciativa de Ley General y los cuadernillos explicativos, para que cuenten con información suficiente para participar en las Asambleas Regionales de Consulta.

El Comité Nacional por la Defensa y Conservación de los Chimalapas, mediante un pronunciamiento público, expresó que les preocupa que por un lado, existan en medios de comunicación y redes sociales, delicados señalamientos de “puntos críticos” a la propuesta de la iniciativa federal. Y los cuales advierten expertos con larga trayectoria histórica en la materia, quienes han participado en los diálogos e incumplidos Acuerdos de San Andrés y en la elaboración de la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU.

Y, por otro lado, una difusión unilateral de las bondades y beneficios de dicha iniciativa, por parte de sus promotores y defensores oficiales, y con el anuncio de una iniciada Consulta, “realizada al vapor, muy cuestionada por sus tiempos y formas”.

La importancia de un debate público, destacó, es que mientras el 50 por ciento del territorio nacional es aún de propiedad social; es decir, de ejidos y comunidades agrarias indígenas, el 85% de la invaluable biodiversidad de México se concentra en territorios indígenas.

Y agregó que Oaxaca y Chiapas son las entidades con mayor diversidad biológica y diversidad cultural, junto con la península de Yucatán, de los más amenazados actualmente por la construcción e instrumentación de gigantescos megaproyectos extractivos y de voraz especulación inmobiliaria.

“Situación que se agrava conociendo los índices de devastación que han padecido los ecosistemas naturales mexicanos, con una pérdida histórica estimada por expertos, de alrededor del 70% de las selvas altas; 90% de los bosques de niebla y 50% de los bosques templados; una tasa actual de deforestación de 200 mil hectáreas por año, y con un 50% de territorio nacional altamente erosionado; lo que se refleja en evidentes señales de una emergencia climática y aguda crisis socioambiental”, señaló.

Es por eso, dijo, que es importante contar con una Ley Indígena que verdaderamente garantice y haga justiciables los derechos fundamentales relativos a la autodeterminación; a la tierra y al territorio; a la consulta y al consentimiento Libre, previo e informado y al no consentimiento; a un Desarrollo comunitario alternativo; y, simultáneamente, con respeto a los Derechos de la Naturaleza.

“Se convierte en un punto de vital importancia, no sólo para los pueblos originarios, incluyendo al pueblo negro afromexicano, sino para todo el pueblo mexicano y para la nación en su conjunto.

“Ante todo lo anterior, y reiterando lo crucial que implica para un país biocultural como el nuestro, y ante una tendencia devastadora de los invaluables bienes naturales ubicados en territorios indígenas y afromexicanos, bienes que constituyen base de la supervivencia a largo plazo”.

El Comité también propuso que el debate público tendría que realizarse en una sede como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o el Senado de la República.

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