Servicios para una Educación Alternativa (Educa) informó que en Oaxaca han sido asesinadas 20 personas defensoras en lo que va del actual Gobierno federal, lo que la coloca como la entidad con el mayor número de asesinatos.
En segundo lugar, dijo, se colocan los estados de Guerrero y Jalisco con nueve casos cada uno.
Las organizaciones a las que pertenecían o formaban parte las personas defensoras asesinadas atribuyen estos homicidios a poderes fácticos en el 66.2 por ciento de los casos y en el 6.1% señalan directamente, a autoridades estatales o locales.
“En los últimos años, Educa ha observado con preocupación que la labor de defensa de los derechos humanos y derechos territoriales continúa enfrentando obstáculos para su reconocimiento pleno por parte de las autoridades municipales, estatales y federales”, expresó.
A través de su monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas”, precisó que para los primeros 25 meses del sexenio del actual Gobierno federal, en el país se registran un total de 70 asesinatos de personas defensoras y siete desapariciones forzadas, de las cuales cuatro personas aparecieron con vida.
Las luchas que enfrentan los mayores niveles de violencia son la defensa de tierra y territorio, así como la lucha por la verdad y justicia.
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“Desde el inicio de este sexenio los colectivos de búsqueda, así como madres, padres y familiares que buscan a personas desaparecidas continúan enfrentando una parte importante de la violencia registrada a nivel nacional, con el 22.9% de los casos, es decir 16 buscadoras fueron asesinadas por exigir verdad, justicia y buscar a quienes les fueron arrebatados”.
En el contexto de violencia contra mujeres, 18 víctimas, y diversidades, seis víctimas, las cifras igualmente mantienen una tendencia alarmante. Otro dato particularmente preocupante, dijo, es que, de los 70 casos registrados, el 60% de las personas defensoras asesinadas en el ejercicio de su labor pertenecían a comunidades indígenas y afromexicanas.
Educa sostuvo que en este contexto, persisten discursos y prácticas que contribuyen a la criminalización de las personas defensoras, así como al cuestionamiento o la minimización de la información documentada por organizaciones civiles, sociales e instancias de derechos humanos.
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