Un centenar de desplazados de Atatlahuca clama por alimentos, tras violencia en la Mixteca de Oaxaca
Este fin de semana se cumplen tres meses desde que decenas de familias huyeron y abandonaron sus casas por conflictos, sin que hasta el momento las autoridades garanticen su retorno
Juxtlahuaca.— Un centenar de personas, entre niños y personas de la tercera edad que permanecen en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos de Indígenas (INPI), denuncian la falta de alimentos en las últimas semanas, tras cumplirse tres meses de desplazamiento forzado en Ndoyonoyuji.
Este fin de semana se cumplen tres meses desde que decenas de familias huyeron y abandonaron sus casas por conflictos en las comunidades de Mier y Terán, Guerrero Grande y Ndoyonoyuji, en el municipio de San Esteban Atatlahuca, sin que hasta el momento las autoridades garanticen su retorno.
Tres semanas después de los ataques en Guerrero Grande, al menos 75 familias regresaron a su comunidad, a un albergue improvisado en la agencia municipal, porque sus viviendas fueron incendiadas los días 21, 22 y 23 de octubre; sin embargo, las familias de Ndoyonoyuji continúan en las instalaciones del INPI en Tlaxiaco.
Las condiciones han sido difíciles, sobre todo para los niños y las personas de la tercera edad, quienes preguntan por sus animales, cosecha y bienes, detalla Valeriano Riaño, encargado del comité del grupo de personas desplazadas.
Las familias señalan a EL UNIVERSAL la falta de voluntad del gobierno para garantizar la seguridad en su retorno y solicitan ayuda para abastecerse de víveres, ya que muchas personas son de la tercera edad y no pueden trabajar.
“Al inicio del conflicto recibimos cobijas y colchones de parte del gobierno de Oaxaca. Y un poco de despensa que duró 15 días, no más. En diciembre sobrevivimos con el apoyo del INPI en comida, pero este mes no hemos recibido nada de ningún gobierno”, afirma Valeriano Riaño.
Asegura que no se ha establecido alguna mesa de diálogo para conocer el destino de las familias: “No hemos participado en ningún acuerdo, estamos en la espera de que nos digan qué pasará, porque nos hemos quedado sin alimentos y así es muy difícil, pero tampoco tenemos a dónde ir”.
Entre los afectados directos también se encuentran los infantes, porque durante el incendio de sus casas se quemaron sus libros, libretas y ahora carecen de material didáctico, y ante la falta de recursos económicos para copias, impresiones y recargas, es casi imposible asistir a clases virtuales.
Al igual que el grupo de 75 familias en Guerrero Grande, y las 16 en el albergue de Tlaxiaco, otras 58 familias se encuentran en la misma situación en la cabecera de Atatlahuca. A todos les quemaron sus viviendas, sin que, hasta el momento, haya reparación de daños.
Medidas insuficientes
En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en favor de las familias desplazadas de Guerrero Grande y Ndoyonuyuji; sin embargo, no han sido suficientes, tras varios meses de vivir en incertidumbre, detalla el encargado del comité de familias.
En una resolución, el organismo internacional explicó la gravedad a la violación de los derechos humanos de quienes han sido víctimas del conflicto que vive Atatlahuca, pero hasta la fecha viven en condiciones insalubres, falta de víveres, entre otras necesidades.
El presidente del Centro de Derechos Humanos Asesoría a Pueblos Indígenas AC. (Cedhapi), Maurilio Santiago Reyes, ha exigido el cumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH y la acción urgente otorgada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, ya que la Secretaría de Gobernación no ha convocado a una reunión de implementación de dichas medidas cautelares.
