AMLO: para 2024, robo y homicidio a la baja 50%

Horacio Jiménez, Pedro Villa y Caña y Manuel Espino

El presidente Andrés Manuel López Obrador estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que al final de su administración “la delincuencia organizada estará reducida y en retirada”; plantea el fin a una política prohibicionista de drogas y retoma la amnistía.

En el documento que el Ejecutivo federal entregó al Congreso el martes se señala que durante su mandato los índices delictivos —de homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos y a casa-habitación, asalto en las calles, así como en el transporte público y otros— se habrán reducido 50% en comparación con 2018.

En el apartado Epílogo: Visión de 2024, del Plan Nacional de Desarrollo, se considera que al final del sexenio “México habrá dejado de ser la dolorosa y vergonzosa referencia internacional como tierra de violencia, desaparecidos y violaciones a los derechos humanos”.

Para entonces, describe el Presidente, la delincuencia organizada estará reducida y en retirada, “los jóvenes no se verán empujados a las conductas antisociales y se privará a la criminalidad del semillero de nuevos integrantes que hoy representa la exclusión de los muchachos del estudio y el trabajo”.

En el documento se advierte que “la única posibilidad real para reducir los niveles de consumo de drogas residen en levantar la prohibición de las [drogas] que actualmente son ilícitas y reorientar los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas”.

Señala que el modelo prohibicionista impulsado por gobiernos anteriores es insostenible, muestra de ello es la violencia y los malos resultados de salud pública del país.

Se plantea que esta estrategia sobre drogas deberá realizarse de manera negociada, tanto con Estados Unidos como en el ámbito multilateral, en el seno de la ONU.

“La guerra contra las drogas ha escalado el problema de salud pública que representan las sustancias actualmente prohibidas hasta convertirlo en una crisis de seguridad pública. La alternativa es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición de las sustancias que las generan y se dedique a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados y bajo supervisión médica”, señala el texto.

Sobre la delincuencia de cuello blanco, el PND señala que a fin del sexenio habrá desaparecido y la corrupción política, así como la impunidad que han prevalecido como norma hasta 2018 habrán quedado reducidas a casos excepcionales.

Detalla que las instituciones estarán al servicio de las necesidades del pueblo y de los intereses nacionales, el principio de la separación de poderes y el respeto al pacto federal serán la norma y no la excepción, “el acatamiento de las leyes regirá el comportamiento de los servidores públicos y el fraude electoral, la compra de voto y todas las formas de adulteración de la voluntad popular serán sólo un recuerdo”.

Amnistía

El Presidente retoma su propuesta de otorgar amnistía o indulto a acusados y sentenciados, así como el desarme de grupos infractores “ante la imposibilidad de derrotar a las diversas expresiones delictivas” por la vía policial o militar.

El mandatario federal plantea revisar los expedientes de procesados y sentenciados, a fin de determinar si sus casos pueden ser objeto de amnistía o indulto, “condicionados en todos los casos al cumplimiento de los cuatro ejes de la justicia transicional: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición”.

Sin embargo, el Jefe del Ejecutivo no precisó en cuáles delitos podría aplicar el beneficio.

López Obrador afirma que entre 2006 y 2018 los gobernantes pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y policia, así como con el llamado “populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas.

Indica que las anteriores administraciones recurrieron al empleo de las Fuerzas Armadas en su configuración de cuerpos de combate, “se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el manejo de la seguridad a autoridades extranjeras”.