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En México existe una crisis de libertad de expresión y del derecho a la información ocasionada por la delincuencia organizada, pero también por el gobierno, dice el relator Especial sobre la Libertad de Expresión para las Naciones Unidas, David Kaye.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que la violencia y amenazas contra periodistas, así como el espionaje gubernamental en contra de comunicadores, activistas y defensores, pueden “tener un impacto muy grave en la libertad de expresión”.

La situación que viven los informadores mexicanos, dice, es de inseguridad y en la raíz de las desapariciones se encuentran la impunidad y la corrupción.

“El problema principal es una falta de protección en los niveles estatal y local, así como de rendición de cuentas para los delitos en contra de periodistas. En la raíz del problema están la corrupción de los funcionarios y el crimen organizado”, detalla.

Los crímenes contra los periodistas son políticos, puesto que su principal objetivo, ya sea cuando los cometen funcionarios o delincuentes, es que la información no llegue a los mexicanos. En el largo plazo, la violencia contra los periodistas es una amenaza para México y el desarrollo económico del país.

¿Existe una crisis en la libertad de expresión y el derecho a la información en México?

—Creo que sí, y esto se conecta con muchos otros problemas. Uno es la violencia, las amenazas que socavan la libertad de expresión y el acceso a la información en todo el país. Estamos en la Ciudad de México, pero si quieres saber lo que ocurre en Sinaloa o Veracruz no puedes, porque los periodistas están amenazados. En ese sentido, hay una crisis.

Otros elementos de la actividad gubernamental también son problemáticos y lastiman la libertad de expresión; el más obvio es el espionaje digital. En análisis muy documentados se revela que ha existido una vigilancia secreta para infiltrar los teléfonos de algunas personas de manera muy dolosa; se hizo sin ningún tipo de control o restricción legal.

Es muy grave para los periodistas, pero también para defensores, activistas y políticos que fueron víctimas del malware Pegasus. Esas situaciones pueden tener un impacto muy grave en la libertad de expresión no sólo para los periodistas, sino para todas las personas.

¿Qué dice sobre México esta situación de violencia y asesinatos de periodistas?

—En el papel, México tiene un Estado de derecho muy robusto. El problema es que si bien en la Constitución y en las leyes están garantizadas la libertad de expresión, el debido proceso y acceso a la justicia, existe un quiebre entre estas leyes y el sistema de procuración en todos los contextos, especialmente en los delitos en contra de periodistas, defensores de los derechos humanos y los que tienen que ver con el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción en las esferas públicas.

Me parece que a largo plazo es una amenaza para México. Los ataques a los periodistas no sólo tienen un impacto en ellos y en la libertad de expresión, también en el mensaje que se envía a los turistas, a los inversionistas y sobre la vida económica del país. Es importante reflexionar que este problema no es sólo un asunto de derechos humanos.

¿Cuál es la situación para los periodistas en México?

—En general, es un ambiente de inseguridad. La situación es diferente dependiendo de la región del país, pero en general el nivel de inseguridad es muy profundo. Los periodistas se sienten inseguros físicamente. No son todos, sino los que cubren asuntos de interés público, particularmente en los estados y municipios donde hay violencia latente y que acompaña a la vida pública. Hay mucha inseguridad y eso ha tenido un impacto significativo en la capacidad de los mexicanos para obtener información sobre lo que sucede.

¿Cuáles son los principales motivos por los cuales siguen desapareciendo periodistas?

—El problema principal es una falta de protección en los niveles estatal y local, así como una falta de rendición de cuentas para los delitos en contra de periodistas. En la raíz del problema están la corrupción de los funcionarios y el crimen organizado. Ningún criminal siente que va a tener que pagar por cometer un delito, entonces, ¿qué le impide a una persona que ordene o desaparezca a alguien si no es su propio sentido moral?

No hay consecuencias, quien secuestra o mata se siente protegido. En estos problemas se requiere visión para saber por qué ocurren.

¿El problema principal es la impunidad provocada por el Estado y no por el crimen?

—Son ambos. No digo que sólo se trate del Estado, el problema es que tanto éste como los criminales están coludidos en algunos lugares: tanto los funcionarios del Estado, de los municipios e incluso la policía están cometiendo estos crímenes y no sienten que se les responsabilizará.