Gobierno condicionará entrega de recursos extraordinarios a universidades estatales

El gobierno federal condicionará la entrega de fondos extraordinarios a las universidades públicas estatales para resolver sus problemas estructurales, a cambio de implementar medidas de austeridad y transparencia sobre el uso de los recursos que se les entreguen.

De acuerdo con fuentes consultadas, las universidades se comprometieron a no pagar a sus trabajadores prestaciones contractuales que no estén reconocidas por la SEP, a no incrementar la plantilla administrativa ni académica ni el gasto corriente; además de recortar el gasto en representación, viáticos, telefonía celular y plantilla vehicular, “todo lo que no sea sustantivo a la actividad académica, progresivamente disminuirlo”.

“Se tiene el propósito de mostrar que hubo un cumplimiento de respaldar a las universidades y que este respaldo también tiene una serie de compromisos que las universidades ven con buenos ojos. Tiene que ver con contención del crecimiento de la nómina administrativa y académica, y de prestaciones no reconocidas por la federación en los contratos colectivos, así como la contención de nuevas prestaciones y una ruta para la sostenibilidad de las propias universidades, y los problemas estructurales que están resolviendo las instituciones”, se explicó.

El gobierno federal, a través de la Subsecretaría de Educación Superior encabezada por Luciano Concheiro, realizará una revisión trimestral del cumplimiento de dichos compromisos y les irá liberando los fondos extraordinarios para atacar problemas estructurales, a las instituciones de acuerdo con su nivel de cumplimiento.

“Es una promesa de mejorar el subsidio con base en una revisión trimestral que se tenga de las economías. Lo que se ofreció es que el presupuesto que se les dio a las universidades para 2019 es un presupuesto base pero no es definitivo. La expectativa es que ese presupuesto mejore y se incremente pero a partir de las economías que se vayan logrando”.

En una reunión que se llevó a cabo la semana pasada en la Ciudad de México en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se puntualizaron los compromisos de saneamiento que acordaron cumplir los rectores de las instituciones de educación superior. La administración federal no ofreció una cantidad en específica, ni de cuánto dinero constará la bolsa extraordinaria para atacar estos problemas.

Para las instituciones, la ampliación de la cobertura y la consolidación de sus programas de calidad se tendría que revisar a partir de otras medidas; el primer paso, consideraron las fuentes consultadas, es atacar el déficit de las universidades y luego virar hacia otros temas.

“El gobierno federal se comprometió que a partir de las revisiones constantes y periódicas que se tengan, se iban a reconsiderar los recursos extraordinarios en función del cumplimiento de los compromisos. No se especifican montos ni alguna proyección”.

Dichos “compromisos de saneamiento” arrancarán con las universidades: Autónoma de Chiapas; Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Autónoma de Sinaloa; Juárez Autónoma de Tabasco; Autónoma del Estado de México; Autónoma del Estado de Morelos; Autónoma de Nayarit; Autónoma de Zacatecas, y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y eventualmente llegarán a integrar al conjunto de las universidades públicas estatales (UPES).

Las 34 universidades públicas estatales (UPES) que operan en el país tienen un déficit actuarial de casi 1.3 billones de pesos generado por sus sistemas de pensiones y jubilaciones, determinó la Auditoría Superior de la Federación. Esta cantidad representa la cuarta parte del presupuesto de egresos federal aprobado para 2018.

Tan sólo en 2017, la SEP entregó a 28 universidades 589 millones 310 mil 500 pesos para abatir los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones. El dinero se les dio sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó a reducir los problemas financieros de las UPES y lograr su viabilidad, destacó el auditor.

El riesgo, encontró el auditor, es, "erogar recursos de forma inercial" sin conocer el beneficio que representa para 200 mil 100 trabajadores que tienen derecho a pensión.

“Sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros de las UPES para el pago de pensiones y jubilaciones y lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar recursos de forma inercial sin conocer el beneficio en los 200.1 miles de trabajadores de las UPES, con derecho a pensión”.

En el presupuesto de egresos de la Federación 2019 se eliminó el subsidio extraordinario para atender los problemas estructurales de las UPES, que en 2018 fue de 700 millones de pesos, y que les ayuda a las instituciones a atacar la situación financiera generada por sus sistemas pensionarios, por el pago de prestaciones no reconocidas por la SEP, y por el crecimiento de la plantilla administrativa y académica en las instituciones.

“Es un nuevo gobierno y hay otras reglas. Se va a observar el desempeño de las universidades y con base en los resultados que obtengan van a ir recibiendo mayores apoyos. Hay que asumirlo y las universidades no mostraron inconvenientes a las exigencias de austeridad, transparencia y auditoría”.

Para hoy, la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) convocaron a una conferencia de prensa “con motivo de los compromisos que adquieren los rectores de las universidades públicas estatales en situación financiera crítica que recibieron apoyo extraordinario de la Federación al cierre de 2018”; al encuentro están convocados los rectores de las 10 universidades en crisis.

De acuerdo con fuentes consultadas en universidades públicas estatales, durante el evento se dará a conocer una plataforma de transparencia de los recursos asignados para el rescate de las instituciones.

El 17 de diciembre, EL UNIVERSAL publicó que “la asignación del presupuesto tendrá otra lógica” en la cual habrá un planteamiento central, “y después vendrán los resarcimientos”, de acuerdo con lo informado por el subsecretario de Concheiro. “Va a haber resarcimiento a esos fondos y esa es la cuestión básica”, dijo entonces el funcionario.