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“Se tiene el propósito de mostrar que hubo un cumplimiento de respaldar a las universidades y que este respaldo también tiene una serie de compromisos que las universidades ven con buenos ojos. Tiene que ver con contención del crecimiento de la nómina administrativa y académica, y de prestaciones no reconocidas por la federación en los contratos colectivos, así como la contención de nuevas prestaciones y una ruta para la sostenibilidad de las propias universidades, y los problemas estructurales que están resolviendo las instituciones”, se explicó.
“Es una promesa de mejorar el subsidio con base en una revisión trimestral que se tenga de las economías. Lo que se ofreció es que el presupuesto que se les dio a las universidades para 2019 es un presupuesto base pero no es definitivo. La expectativa es que ese presupuesto mejore y se incremente pero a partir de las economías que se vayan logrando”.
En una reunión que se llevó a cabo la semana pasada en la Ciudad de México en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se puntualizaron los compromisos de saneamiento que acordaron cumplir los rectores de las instituciones de educación superior. La administración federal no ofreció una cantidad en específica, ni de cuánto dinero constará la bolsa extraordinaria para atacar estos problemas.
Para las instituciones, la ampliación de la cobertura y la consolidación de sus programas de calidad se tendría que revisar a partir de otras medidas; el primer paso, consideraron las fuentes consultadas, es atacar el déficit de las universidades y luego virar hacia otros temas.
“El gobierno federal se comprometió que a partir de las revisiones constantes y periódicas que se tengan, se iban a reconsiderar los recursos extraordinarios en función del cumplimiento de los compromisos. No se especifican montos ni alguna proyección”.
Tan sólo en 2017, la SEP entregó a 28 universidades 589 millones 310 mil 500 pesos para abatir los pasivos contingentes derivados del pago de pensiones y jubilaciones. El dinero se les dio sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó a reducir los problemas financieros de las UPES y lograr su viabilidad, destacó el auditor.
El riesgo, encontró el auditor, es, "erogar recursos de forma inercial" sin conocer el beneficio que representa para 200 mil 100 trabajadores que tienen derecho a pensión.
“Sin que la dependencia pudiera determinar en qué medida contribuyó el programa a reducir los problemas financieros de las UPES para el pago de pensiones y jubilaciones y lograr su viabilidad, lo que representa un riesgo de erogar recursos de forma inercial sin conocer el beneficio en los 200.1 miles de trabajadores de las UPES, con derecho a pensión”.
“Es un nuevo gobierno y hay otras reglas. Se va a observar el desempeño de las universidades y con base en los resultados que obtengan van a ir recibiendo mayores apoyos. Hay que asumirlo y las universidades no mostraron inconvenientes a las exigencias de austeridad, transparencia y auditoría”.
Para hoy, la SEP y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) convocaron a una conferencia de prensa “con motivo de los compromisos que adquieren los rectores de las universidades públicas estatales en situación financiera crítica que recibieron apoyo extraordinario de la Federación al cierre de 2018”; al encuentro están convocados los rectores de las 10 universidades en crisis.
De acuerdo con fuentes consultadas en universidades públicas estatales, durante el evento se dará a conocer una plataforma de transparencia de los recursos asignados para el rescate de las instituciones.
