El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto heredará a la administración de Andrés Manuel López Obrador casos emblemáticos de corrupción que en el ámbito judicial no han sido concluidos.

El primero es el de la constructora brasileña Odebrecht, donde pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado desde 2017 que  concluyó la investigación, no se ha dado a conocer su resultado ni  si hay altos funcionarios de Pemex implicados en la entrega de contratos para obra pública, por medio de sobornos millonarios.

El exfiscal especial para la atención de delitos electorales, Santiago Nieto, señaló que fue removido de su cargo para frenar las investigaciones sobre presuntos sobornos que la constructora brasileña Odebrecht realizó a Pemex y que probablemente fueron a las campañas del PRI.

Le sigue el caso de los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte; de Chihuahua, César Duarte; de Quintana Roo, Roberto Borge, quienes tienen abiertas diversas investigaciones relacionadas con casos de corrupción y mal uso de recursos públicos; así como el ex gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina, investigado por probable ejercicio indebido de funciones y peculado, quien recientemente obtuvo un auto de no vinculación a proceso por falta de pruebas.

El  socavón que se abrió el pasado 12 de julio de 2017 en el Paso Exprés de Cuernavaca, Morelos, y donde murieron dos personas es otro pendiente. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha sancionado a ocho funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Nacional del Agua, pero no ha informado si habrá denuncias penales.

Un caso emblemático que salió a la luz este sexenio fue el  de la constructora Higa, a quien se le vinculó con la compra de dos residencias, la primera para la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, conocida como “la casa blanca”; y la segunda, del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

En ambos casos el entonces titular de la SFP, Virgilio Andrade, tras realizar una investigación, señaló que no existió conflicto del interés, pero el  mandatario reconoció que el escándalo  golpeó a su gobierno.

 También quedó pendiente el caso  conoció como “la estafa maestra”, donde se acusa el desvío de más de 7 mil millones de pesos por parte de dependencias federales como Sedesol, Banobras y Pemex, por medio de la entrega de contratos irregulares a empresas fantasma.

El doctor Mauricio Merino Huerta, investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que la presente administración no debería dejar esos pendientes como herencia de casos emblemáticos de corrupción.

“Esperemos que no la hereden, que por lo menos haya una acusación, ojalá esto se arreglará antes de que termine el sexenio. Actualmente hay un gobierno, no ha concluido el sexenio del presidente Peña Nieto, este gobierno debe concluir la investigación.

“El entonces procurador saliente, Raúl Cervantes, frente al Senado, informó que por lo menos respecto al caso de Odebrecht que la investigación, ya estaba prácticamente concluida. La responsabilidad no termina hasta que termina”, comentó.   

Para Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas (RRC), esos asuntos son una pincelada de los casos de corrupción que el nuevo gobierno tendrá que enfrentar una vez que asuma sus funciones el próximo 1 de diciembre.

La especialista en transparencia y rendición de cuentas aseguró que lo más “saludable” será que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dé una explicación del estado de las investigaciones.

“Lo que es una realidad es que la sociedad mexicana no [ha] recibido una explicación de cuál es el resultado de las investigaciones y cuáles son las consecuencias, no sólo penales, sino también cuáles han sido los resarcimientos de lo que desviaron, pero lo más importante, cómo evitar que los próximos gobiernos no cometan las mismas faltas porque de nada sirve que cambien los actores, si se reproducen las mismas cosas”, dijo.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, aseguró que la herencia de casos entre administraciones confirma la necesidad de transformar a la PGR en una nueva fiscalía.

Como ejemplo, dijo, destaca el caso Odebrecht: “La SFP ya impuso multas administrativas, pero mientras no haya una sanción penal de un juez, la lista de casos seguirá acumulándose. No basta con que se detenga a funcionarios o exgobernadores. Necesitamos que los procesos concluyan y que un juez dicte sentencia.”

Recordó que entre los casos pendientes para la próxima administración están no sólo los casos de los ex gobernadores del PRI, sino también los de funcionarios de partido como Alejandro Gutiérrez, en Chihuahua, o el caso del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés (PAN). Recordó que tras las reformas del nuevo sistema anticorrupción de 2015, la PGR debe actuar de oficio pues ya no es necesario que haya una denuncia de por medio para que pueda investigar casos de corrupción.

Completar SNA

Merino Huerta explicó que el nuevo gobierno tiene que completar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que carece del fiscal anticorrupción y de los nombramientos de los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargados de sancionar las faltas graves en materia administrativa por corrupción.

El especialista aseguró  que no todo descansa en el nombramiento del fiscal, sino  en la manera en que operan los ministerios públicos y los peritos.