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“Algunos legisladores y políticos han utilizado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como una excusa para ellos y no avanzar en la aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México.
“No tengo ninguna aspiración, fuera de servir con honorabilidad, en cualquier capacidad, pública o privada, a mi país”, dijo el priísta al referirse por primera vez al tema.
No se trata de personas, “se trata de construir mejores instituciones”, aseguró Cervantes Andrade, quien afirmó que el Congreso no se “equivocó cuando decidió, hace tres años, crear una fiscalía autónoma. Dados el contexto nacional y la experiencia internacional, la fiscalía general de la nación es una decisión correcta para que, con completa autonomía, los fiscales o Ministerios Públicos puedan decidir si procede o no el ejercicio de la acción penal. Y que los titulares sean los que impulsen las políticas públicas en materia de criminalidad”.
Sólo así, añadió, se podrá brindar en el país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que, en muchos casos, no avanzan.
Dijo que estos cambios son parte de un nuevo esquema institucional que se ha venido construyendo y que incluye la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la reforma y avances correspondientes a los derechos humanos, y la aparición del Código Nacional de Procedimientos Penales.
“El complejo esquema para corromper funcionarios, obtener contratos públicos de manera indebida y luego tratar de esconder el dinero mal habido en paraísos fiscales, puso a prueba nuestra determinación y a nuestras instituciones”, subrayó.
Explicó que se trata de “uno de los mayores esquemas de corrupción internacional que en América Latina y en México se hayan visto”.
El senador con licencia señaló que “sólo se pudo avanzar gracias a la confianza que se ha forjado con varios de nuestros pares en el extranjero, por lo que desde aquí les agradezco”.
Cervantes Andrade presumió que durante su administración se elaboraron varias investigaciones y se vinculó a proceso a funcionarios que se sentían intocables. Omitió señalar por nombres a los ex gobernadores de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, entre otros.
“Ahí están los casos de varios ex gobernadores que, sin distingo partidista, ahora enfrentan a la justicia mexicana por los abusos y excesos que cometieron con recursos públicos. Alcaldes que pactaron con la delincuencia, también han sido procesados”, destacó.
La reforma. El ex funcionario urgió a diseñar e implementar un nuevo modelo de procuración de justicia que resulte funcional y útil para satisfacer las necesidades del México actual.
Dijo que para inhibir, frenar y sancionar los delitos que se cometen hoy en México, se requiere ser más eficientes y tener un compromiso indeclinable. “Hoy se trabaja con herramientas para combatir los delitos, pero, a veces, con una mentalidad del siglo pasado, cuando se enfrentan elaboradas tramas de corrupción, terrorismo y contrabando internacional de armas, cárteles cuya presencia se extiende panregionalmente, delitos ambientales que atentan contra el futuro sustentable de nuestro país, agresiones a periodistas, ciberataques para robar información sensible a empresas y gobiernos, y delitos electorales en los que se usan indebidamente recursos públicos”.
Señaló que en 10 días se presentarán a la Suprema Corte, al gabinete de seguridad, a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la academia y a la opinión pública las conclusiones de la consulta nacional Construyamos Justicia.
“En este documento se abordan a detalle los retos y requerimientos necesarios para hacer avanzar la justicia en el país. Este estudio permitirá mejorar nuestra legislación federal, pero también homologar los códigos penales de los estados, para, con todo ello, armar el andamiaje de las nuevas instituciones encargadas de la procuración de justicia”, apuntó.
